La interna que atraviesa al peronismo bonaerense amenaza con paralizar nuevamente la actividad legislativa en la Provincia. La disputa estalló esta semana en la Cámara de Diputados, donde el presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara, busca convocar a una nueva sesión ordinaria para la próxima semana, aunque las diferencias entre los distintos sectores de Fuerza Patria ponen en riesgo el tratamiento de uno de los proyectos más sensibles para los municipios.
El conflicto gira en torno al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, una herramienta creada a partir de la Ley de Endeudamiento sancionada a fines de 2025 para asistir financieramente a los 135 distritos bonaerenses. La discusión no pasa por la libre disponibilidad de los recursos, una demanda que cosecha consenso entre oficialismo y oposición, sino por quién tendrá la potestad de administrar una parte de esos fondos.
La tensión quedó expuesta con la suspensión de la reunión de la comisión de Presupuesto e Impuestos de Diputados, que debía analizar una iniciativa impulsada por el radical Diego Garciarena. El proyecto propone que la totalidad de los recursos pueda ser utilizada libremente por los intendentes y que el tramo actualmente sujeto a programas específicos quede bajo supervisión de la Comisión Bicameral de Seguimiento creada por la propia Legislatura.

Detrás de la discusión técnica aparece una disputa política de fondo. Mientras sectores vinculados al cristinismo y al Frente Renovador ven con buenos ojos fortalecer el rol de la Bicameral, el gobernador Axel Kicillof resiste cualquier esquema que implique ceder control sobre la distribución de los recursos provinciales. La pelea, que durante meses tuvo como epicentro el Senado bonaerense, ahora se trasladó a la Cámara Baja provincial.
En los últimos días, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, intentó acercar posiciones al considerar "razonable" que el 100% de los fondos sea de libre disponibilidad para los municipios. Sin embargo, el funcionario dejó en claro que la distribución debería realizarse mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mecanismo que utiliza la Provincia para asignar recursos de manera automática y equitativa entre las comunas.
La postura del Ejecutivo bonaerense no logró desactivar la controversia. Desde la oposición y algunos sectores legislativos sostienen que la Comisión Bicameral debe tener participación en el proceso para garantizar mayor control político sobre el destino de los fondos. Esa diferencia fue suficiente para frenar el avance del expediente y reabrir una negociación que involucra tanto a intendentes como a las principales tribus del oficialismo.

El reclamo de los jefes comunales cobró fuerza en medio de la caída de la recaudación y las dificultades financieras que enfrentan numerosos municipios. En ese contexto, varios intendentes vienen presionando para acceder a recursos sin condicionamientos, con el objetivo de atender gastos urgentes y sostener servicios esenciales en sus distritos.
La discusión también dejó al descubierto diferencias entre la administración de Kicillof y algunos dirigentes legislativos sobre el origen mismo del fondo. Garciarena cuestionó públicamente declaraciones de Bianco y recordó que fue la Legislatura la que incorporó mecanismos de libre disponibilidad durante el debate de la ley de financiamiento, alimentando un cruce político que suma tensión a una negociación ya compleja.
Con una posible sesión prevista para la próxima semana y sin acuerdos cerrados, el peronismo bonaerense enfrenta una nueva prueba de unidad. Si las conversaciones no prosperan en las próximas horas, la pelea por los fondos municipales podría convertirse en otro capítulo de la interna oficialista y volver a dejar a la Legislatura atrapada en una parálisis que ya lleva varios meses.