09:30 | Alternativas al conflicto
02/06/2026 - Edición Nº3533
Provincia
Conflicto judicial
Dos locomotoras, Milei, la Corte y una deuda millonaria que complica a Kicillof
10:04 | El gobernador bonaerense busca frenar un fallo que obliga a la Provincia a pagar más de $5.500 millones a Nación por un conflicto judicial iniciado hace más de dos décadas y que volvió a escalar en los tribunales.
El gobierno de Axel Kicillof presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para frenar una sentencia que obliga a la Provincia de Buenos Aires a pagar más de $5.500 millones al Estado nacional por el incumplimiento de un contrato ferroviario firmado en 1999. La acción judicial fue presentada en los últimos días luego de que la administración de Javier Milei intimara formalmente a la Provincia a cancelar la deuda derivada del uso de dos locomotoras cedidas por Nación hace más de dos décadas.
El conflicto tiene origen en un convenio suscripto en agosto de 1999, cuando el Estado nacional entregó en préstamo a la Provincia dos locomotoras General Motors de trocha media para la prestación de servicios ferroviarios. El acuerdo establecía un plazo de un año y el pago de un canon mensual, además de penalidades económicas en caso de incumplimiento.
Según los antecedentes de la causa, una vez vencido el contrato en agosto de 2000, la gestión provincial encabezada entonces por Carlos Ruckauf no restituyó las unidades ni abonó los pagos comprometidos. A partir de ese momento comenzó a correr una multa diaria de mil dólares, una cláusula que con el paso de los años se transformó en el núcleo de la disputa judicial.
La controversia atravesó distintas instancias judiciales durante más de veinte años. En 2021 se dictó una sentencia de primera instancia favorable a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), mientras que posteriormente la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la responsabilidad provincial y avanzó con la etapa de liquidación de la deuda.
Uno de los puntos centrales del planteo bonaerense es que las locomotoras sí fueron devueltas al Estado nacional en diciembre de 2017, en el marco del cierre y transferencia de Ferrobaires, la empresa ferroviaria provincial cuyos servicios pasaron a la órbita nacional durante la gestión de María Eugenia Vidal.
Para la Fiscalía de Estado bonaerense, la sentencia incurre en una contradicción porque reconoce que la restitución ocurrió en 2017, pero al mismo tiempo calcula la penalidad utilizando parámetros que, según argumenta, suponen que las unidades nunca fueron devueltas. Esa interpretación llevó a que el monto se actualizara con un tipo de cambio correspondiente a 2026 y no al momento de la entrega efectiva de las locomotoras.
Además, la Provincia sostiene que el fallo desconoce los efectos de la pesificación dispuesta tras la crisis económica de 2001 mediante la Ley 25.561. Los abogados del Estado bonaerense afirman que las obligaciones derivadas de contratos administrativos debieron reconvertirse a pesos y cuestionan que la multa continúe calculándose en dólares, algo que consideran jurídicamente improcedente.
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La disputa suma un nuevo capítulo en medio de la creciente tensión financiera entre la Casa Rosada y la administración bonaerense. Mientras Kicillof mantiene abiertos distintos reclamos contra Nación por fondos previsionales y recursos coparticipables, el gobierno de Milei exige ahora el cumplimiento de esta sentencia y advirtió sobre posibles medidas de ejecución si no se concreta el pago.
En su presentación ante el máximo tribunal, la Provincia pidió suspender los efectos de la resolución y revisar el criterio utilizado para calcular la multa. De manera subsidiaria, solicitó que se reduzca el monto por considerarlo desproporcionado frente al valor original del contrato. La definición quedará ahora en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si interviene en un litigio que combina una vieja deuda ferroviaria, miles de millones de pesos en juego y un nuevo foco de conflicto entre Nación y la provincia más grande del país.
