El peronismo bonaerense comenzó a organizar un “frazadazo” frente al Congreso nacional para frenar el avance del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que busca recortar el régimen de subsidios al gas conocido como Zona Fría. La protesta, promovida por intendentes y dirigentes de la Costa Atlántica, apunta a presionar al Senado para que rechace la iniciativa que ya obtuvo media sanción en Diputados y que dejaría sin beneficios a 94 municipios de la provincia de Buenos Aires.
La convocatoria tomó forma el martes en Villa Gesell, donde jefes comunales, concejales y legisladores de distintas ciudades costeras acordaron avanzar con una campaña de recolección de firmas y declaraciones de los Concejos Deliberantes para llevar al Congreso. Del encuentro participaron representantes de Mar del Plata, Tandil, Dolores, Necochea, Pinamar y Balcarce, entre otros distritos que quedarían alcanzados por la quita del subsidio.
El proyecto oficialista propone retrotraer el esquema de Zona Fría al régimen original de 2002, dejando sin efecto la ampliación aprobada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández. De avanzar la reforma, los descuentos del 30% y 50% en las tarifas de gas quedarían limitados principalmente a la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna, mientras que millones de usuarios bonaerenses perderían la cobertura automática.

Desde los municipios afectados alertaron por el impacto económico que podría tener la medida en pleno invierno. El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, aseguró que más de la mitad de los hogares de la ciudad ya presentan dificultades para afrontar las boletas de gas y advirtió que una nueva suba “sería catastrófica” para miles de familias. Según distintas estimaciones, las facturas podrían aumentar entre un 40% y un 100% si el Senado convierte el proyecto en ley.
En paralelo, dirigentes como Gustavo Pulti impulsan la creación de una red de municipios para coordinar acciones políticas y judiciales contra la iniciativa del Gobierno nacional. La diputada nacional Jimena López también cuestionó el recorte y sostuvo que cerca de 1,3 millones de bonaerenses perderían el subsidio si prospera la reforma en la Cámara Alta nacional.

La discusión por la Zona Fría se convirtió en uno de los debates energéticos más sensibles del año. Mientras el oficialismo sostiene que el recorte permitiría un ahorro fiscal superior a los $272 mil millones y apunta a focalizar la asistencia sólo en hogares vulnerables, intendentes del Interior bonaerense aseguran que la medida profundizará la crisis económica y golpeará de lleno a sectores medios y trabajadores en regiones donde el consumo de gas se extiende durante gran parte del año.