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21/05/2026 - Edición Nº3521
En Foco
Más seguridad
En medio de la crisis financiera, Kicillof inicia la pulseada con intendentes por las policías locales
09:34 | El Gobierno bonaerense negocia una reforma clave de seguridad. Armas, control político y financiamiento, en el centro de una disputa que enfrenta a intendentes y a la Provincia.
Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, abrió una negociación con intendentes del Conurbano y del Interior bonaerense para avanzar en una reforma de la ley de seguridad que redefina el rol de las policías locales, en medio de la creciente preocupación por la inseguridad y el reclamo de mayor autonomía municipal. El debate, que también contrasta con el discurso bonaerense de crisis financiera, encabezado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, gira en torno al uso de armas, la conducción política de las fuerzas y el financiamiento de los nuevos esquemas de prevención.
La iniciativa comenzó a tomar forma luego del anuncio realizado por Kicillof durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, donde adelantó el envío de un proyecto para modificar el sistema actual de seguridad pública. La intención oficial es darle un marco legal a estructuras municipales que ya funcionan en distintos distritos, aunque bajo convenios y normativas dispersas.
En la Gobernación admiten que la descentralización de funciones ya existe de hecho. Centros de monitoreo, patrullas municipales, acceso a cámaras y coordinación del 911 forman parte de tareas que hoy administran muchos municipios. Sin embargo, desde La Plata consideran necesario “ordenar” el esquema para evitar superposiciones y garantizar controles comunes sobre las fuerzas locales.
La discusión se aceleró en las últimas semanas con reuniones reservadas entre Alonso y varios intendentes de peso político. Uno de los encuentros más importantes se realizó en Escobar y reunió a jefes comunales peronistas y también del PRO, como Ramón Lanús. Allí, varios alcaldes reclamaron la posibilidad de tener policías municipales con mayor autonomía operativa e incluso con capacidad de portar armas de fuego.
Ese punto es, justamente, uno de los más sensibles de la negociación. Mientras algunos municipios impulsan fuerzas armadas o el uso de pistolas Taser, el Ministerio de Seguridad bonaerense busca poner límites y exige mayores estándares de formación. En el entorno de Alonso remarcan que no cualquier agente puede utilizar armas letales y advierten sobre el riesgo de crear estructuras paralelas sin controles rigurosos.
Dentro del gobierno provincial también se analiza un esquema mixto. La idea sería permitir que determinadas unidades locales utilicen armas de baja letalidad y que exista, además, un cuerpo especializado con entrenamiento superior habilitado para portar armas de fuego. El modelo todavía está en discusión y forma parte del borrador que se trabaja junto a funcionarios municipales.
Otro de los ejes del conflicto pasa por la conducción política y el control interno de las fuerzas. Varios intendentes consideran que si la policía depende del municipio, la autoridad operativa debe responder directamente al jefe comunal. En cambio, la Provincia pretende mantener bajo su órbita áreas clave como Asuntos Internos y los mecanismos disciplinarios para evitar autonomías absolutas.
La pelea también tiene un fuerte componente económico. Teniendo en cuenta el discurso de la gestión de Kicillof sobre la falta de fondos otorgados por Nación, pareciera ser una tarea imposible. En tanto, los municipios reclaman recursos para sostener patrulleros, combustible, tecnología y personal, en un contexto de caída de la recaudación y ajuste nacional. En La Plata reconocen que el financiamiento probablemente termine siendo mixto, con aportes provinciales y municipales, aunque todavía no hay acuerdo sobre los porcentajes ni sobre el mecanismo de distribución.
El avance del proyecto refleja además una disputa política de fondo dentro de la provincia de Buenos Aires. Con la inseguridad instalada y a la orden del día, siendo una de las principales preocupaciones sociales de los bonaerenses, Kicillof busca mostrar capacidad de gestión y contener el reclamo territorial de los intendentes, que desde hace años presionan para tener mayor control sobre la calle. La discusión recién comienza, pero en la Legislatura ya anticipan un debate caliente sobre quién tendrá el verdadero mando de las futuras policías locales.
