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18/05/2026 - Edición Nº3518
Provincia
Resistida propuesta
Kicillof vuelve a agitar las aguas con repartidores e insiste con regular apps como Rappi o Pedidos Ya
15:16 | El gobierno bonaerense presentó un proyecto de ley para regularizar a trabajadores de aplicaciones digitales. En 2023, una manifestación de deliverys en la Legislatura bonaerense trabó el avance de una iniciativa similar.
Durante la tradicional conferencia de prensa de cada lunes del gobierno bonaerense, el ministro de Trabajo, Walter Correa, presentó un proyecto de ley que tiene por objetivo regular la actividad de los trabajadores de plataformas digitales tales como Rappi, Pedidos Ya o Uber Eats en la provincia de Buenos Aires.
El funcionario explicó que el proyecto fue elaborado en línea con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y surgió tras la participación de la Provincia en debates internacionales sobre las condiciones laborales de repartidores y trabajadores de aplicaciones.
“Ante la ausencia del Estado nacional en la OIT, la provincia de Buenos Aires viene trabajando el tema”, sostuvo Correa, quien remarcó que la propuesta busca garantizar derechos laborales frente a lo que definió como una “pseudomodernización laboral” impulsada por el Gobierno nacional.
El proyecto establece la creación de un “plan integral” que involucrará a los ministerios de Trabajo, Seguridad, Gobierno, Salud y Transporte. Según explicó el ministro, la intención es darle al Estado una presencia transversal en una actividad que hoy carece de regulación específica y de información oficial sobre la cantidad de trabajadores que se desempeñan en el sector.
Uno de los ejes centrales será la puesta en marcha de una plataforma digital vinculada a Mi PBA, desde donde se buscará generar una base de datos de trabajadores de aplicaciones. “Hoy no tenemos datos fehacientes”, advirtió Correa, quien señaló que el registro permitirá diseñar políticas públicas específicas para el sector.
La iniciativa también contempla la implementación de botones de pánico integrados al sistema provincial. En casos de accidentes en la vía pública, el mecanismo notificará automáticamente al Ministerio de Salud, mientras que otro dispositivo estará destinado a situaciones de inseguridad durante horarios nocturnos y conectado con el Ministerio de Seguridad.
Además, el proyecto obliga a las empresas de plataformas a transparentar los registros laborales y garantizar cobertura de seguros frente a accidentes y enfermedades laborales. El ministro cuestionó que actualmente las compañías “no plantean absolutamente nada” respecto a la registración de los trabajadores.
Otro de los puntos destacados es la recuperación de las facultades de inspección laboral por parte de la Provincia. Correa sostuvo que la “pseudomodernización laboral” impulsada a nivel nacional limita el poder de policía de las provincias, por lo que el proyecto busca reafirmar esas competencias.
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La propuesta también pone el foco en las denominadas “tiendas ocultas” o “tiendas invisibles”, centros logísticos desde donde operan las aplicaciones de delivery y que, según el funcionario, hoy funcionan “en total anonimato”. En ese sentido, se prevén controles vinculados a higiene, seguridad y condiciones laborales.
Por último, el titular de la cartera laboral adelantó que el sistema podría incorporar beneficios asociados a Cuenta DNI y acuerdos con el Banco Provincia, además de integrar información sobre documentación vehicular y registros de conductores mediante la participación del Ministerio de Transporte.
“Tenemos una Constitución provincial y un artículo 39 que consagra los derechos de los trabajadores”, afirmó Correa, quien defendió el rol del Estado bonaerense frente al avance de modelos laborales que, según sostuvo, precarizan las condiciones de empleo en las plataformas digitales.
Rechazo a los intentos de regulación
En 2023, repartidores de aplicaciones de delivery se congregaron en las inmediaciones de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para plasmar su rechazo a un proyecto que presentó el entonces legislador del oficialismo, Omar Plaini y que también buscó avanzar con regulaciones para el sector.
En la movida frente a la Legislatura, los repartidores se resistieron al proyecto que, según señalaron, no contenía la opinión de esos trabajadores. Temían que la norma genere resultados contraproducentes, con la creación de un nuevo esquema “burocrático” en la actividad.
Durante aquella protesta, los trabajadores presentaron un documento, donde detallaron los puntos que rechazaban de la propuesta. Uno de los argumentos es que se redactó “sin tomar en cuenta las reales necesidades y preocupaciones de quienes realizamos dicha tarea”. Asimismo, no se contempló “nuestra libertad de decidir cuándo y cómo generamos ingresos para ganarnos la vida”.
