El gobierno de Axel Kicillof oficializó una fuerte ampliación de facultades para el Ente Administrador del Astillero Río Santiago mediante el Decreto 357/2026, publicado en el Boletín Oficial bonaerense, con el objetivo de agilizar contratos, acuerdos comerciales y litigios vinculados al histórico complejo naval de Ensenada. La medida habilita a las autoridades del astillero a avanzar en negociaciones y actuaciones judiciales sin necesidad de nuevos decretos específicos, en medio de la disputa política por el rol de las empresas estatales y el futuro de la industria naval bonaerense.
Con el nuevo esquema, el presidente del ente podrá firmar contratos para la comercialización de bienes y servicios, aprobar acuerdos industriales y disponer de materiales considerados rezagos o potencialmente peligrosos para la seguridad y el ambiente. Además, las autoridades quedarán habilitadas para intervenir en procesos arbitrales y judiciales, incluso en tribunales extranjeros, mediante conciliaciones, allanamientos, desistimientos y acuerdos procesales.
En la administración bonaerense sostienen que la decisión apunta a reducir tiempos burocráticos y darle mayor autonomía operativa al astillero, uno de los principales símbolos industriales de la provincia. El Ejecutivo argumenta que el complejo tiene capacidad para desarrollar convenios y proyectos con organismos públicos y privados tanto nacionales como internacionales, vinculados a la construcción naval, metalúrgica y de maquinaria pesada.

El Astillero Río Santiago fue creado como ente autárquico provincial en 1993 tras la transferencia desde el Estado nacional y desde entonces atravesó diferentes etapas marcadas por conflictos financieros, parálisis productivas y debates políticos sobre su funcionamiento. A pesar de las crisis, continúa siendo uno de los complejos navales más importantes del país y mantiene capacidad para fabricar embarcaciones militares, mercantes y estructuras metalúrgicas de gran porte.
En los últimos años, la gestión de Kicillof buscó reposicionar al astillero con proyectos vinculados a la Armada Argentina y acuerdos industriales. Entre ellos se destacó la entrega de las lanchas de instrucción para cadetes ARA “Ciudad de Ensenada” y ARA “Ciudad de Berisso”, además de trabajos sobre infraestructura naval y componentes metalúrgicos estratégicos.

La ampliación de facultades llega además en un contexto de fuerte presión sobre las empresas públicas provinciales y de discusión abierta sobre el modelo industrial argentino. Mientras el gobierno bonaerense apuesta a fortalecer la capacidad operativa del Astillero Río Santiago, desde sectores opositores vienen cuestionando el nivel de financiamiento estatal y los antecedentes de conflictos administrativos y judiciales que arrastra el complejo desde hace años.