Desesperados por las cuentas, intendentes llevaron el reclamo por el Fondo municipal a la Legislatura

Con las cuentas municipales al rojo vivo y la crisis económica azotando, intendentes de diversos colores político, en representación del Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo, fueron recibidos en la Legislatura bonaerense para solicitar la libre disponibilidad de los fondos coparticipables.

El encuentro se produjo desde las 11 con la presencia del presidente de la Cámara baja provincial, Alejandro Dichiara, y los diputados Alexis Guerrera, Rubén Eslaiman, Juan Pablo de Jesús, Diego Garciarena y Alejandro Rabinovich, todos integrantes de la Comisión Bicameral de seguimiento de la iniciativa que inyecta fondos a los distritos.

Por el lado de los intendentes estuvieron Franco Flexas. Maximiliano Suescun (UCR) y Javier Gastón, massista de Fuerza Patria.

Los jefes comunales resaltaron “la buena predisposición para recibirnos”. Explicaron que son “70 intendentes pidiendo que el fondo de infraestructura municipal sea de libre disponibilidad total, como se acordó antes”.

En esa línea, señalaron que el “contexto económico empeoró desde diciembre, la crisis y las demandas crecieron, y necesitamos discutir nuevas herramientas y recursos para responder a las necesidades actuales”.

Previo a ello, los jefes comunales presentaron una nota ante la Cámara que cuenta con el acompañamiento y la firma de 68 intendentes bonaerenses de distintos espacios políticos.

En el documento, advirtieron sobre “la gravedad del escenario fiscal” que enfrentan los municipios, marcado por la caída de ingresos, el aumento de los costos operativos y las dificultades para sostener servicios esenciales y afrontar obligaciones salariales.

La presentación remarca además que el deterioro de la actividad económica impacta directamente sobre la recaudación municipal y los recursos coparticipables, generando un desfasaje creciente entre ingresos y gastos corrientes.

Durante la reunión también se planteó la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre representantes de la Cámara de Diputados y del Senado de la Provincia, representantes de los municipios y también del Poder Ejecutivo provincial, con el objetivo de analizar la normativa vigente y trabajar en posibles modificaciones y herramientas complementarias que permitan fortalecer el funcionamiento financiero y administrativo de los gobiernos locales.

Incluso no descartaron la creación de una nueva Ley que contemple todas las necesidades y urgencias que son comunes a los 135 municipios bonaerenses cuya Emergencia Económica fue incorporada en la ley Provincial N° 15.557 al momento de sancionar el Presupuesto Provincial del 2026.

Un pedido clave

Según la Ley de Endeudamiento sancionada en diciembre de 2025, el 70% del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipales es de libre disponibilidad, mientras que el resto está condicionado a programas específicos en áreas como infraestructura, transporte y cultura.

Según la Ley 14.812, el fondo destinado a los municipios se conformará con lo obtenido del 8% de la toma de deuda.

Ante esta situación, propusieron que, con carácter estrictamente excepcional, se habilite su utilización para gastos corrientes y de libre disponibilidad, a efectos de garantizar la continuidad de los servicios esenciales, el cumplimiento de las obligaciones salariales y la estabilidad institucional de los municipios.

Los tres alcaldes representan al Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo, que está integrado por los siguientes intendentes, de todos los partidos políticos, sectores y secciones electorales: Emilio Cordonnier de Ayacucho; Ricardo Moccero de Coronel Suárez; Pablo Barrena de Lobería; Juan Pablo García de Dolores; María José Gentile de Nueve de Julio; Sofía Gambier de Pellegrini; Juan Luis Mancini de Suipacha; José Luis Salomón de Saladillo; Juan Manuel Cerezo de General Las Heras; Matías Nebot de Saavedra; Myriam Mongay de Lezama; Estefanía Bordoni de Tornquist; Martín Randazzo de General La Madrid; Luís Mariano Martín de Exaltación de la Cruz.

Además de Jorge Etcheverry de Lobos; José Castro de San Miguel del Monte; Sebastián Ianantuony de General Alvarado; Osvaldo Dinápoli de General Belgrano; Carlos Rocha de General Guido; Guillermo Britos de Chivilcoy; Diego Reyes de Puán; Darío Golia de Chacabuco; Nahuel Guardia de General Lavalle; Fabián Blanstein de Las Flores; Juan Ibarguren de Pinamar; Maximiliano Suescún de Rauch; Fernando Raitelli de Brandsen; Román Bouvier de Rojas; Miguel Gesualdi de San Andrés de Giles; Carlos Bevilacqua de Villarino; Miguel Gargaglione de San Cayetano.

Y Walter Wischnivetzky de Mar Chiquita; Miguel Lunghi de Tandil; David Angueira de Punta Indio; Francisco Recoulat de Trenque Lauquen; Facundo Diz de Navarro; Luciano Spinolo de Tres Lomas; Rodrigo Aristimuño de Coronel Rosales; Carlos Esteban Santoro de General Madariaga; Héctor Olivera de Tordillo; Lisandro Hourcade de Magdalena; Gustavo Cocconi de Tapalqué; José Capra de General Alvear; Juan Alberto Martínez de Rivadavia; Javier Andrés de Adolfo Alsina; Daniel Stadnik de Carlos Casares; Franco Flexas de General Viamonte; María Celia Gianini de Carlos Tejedor; Nahuel Mittelbach de Ameghino; Jorge Gaute de Alberti; Érica Revilla de General Arenales; Sergio Barenghi de Bragado; Esteban Reino de Balcarce.

Sumado a Luis Pugnaloni de Hipólito Yrigoyen; Lucía Gómez de Adolfo Gonzales Chaves; Juan Carlos Chalde de Coronel Dorrego; Salvador Serenal de Lincoln; Ricardo Marino de Patagones; Fernando Rodríguez de General Pinto; Ramiro Egüen de 25 de Mayo; Waldemar Giordano de Colón; Juan Fiorini de Junín; Francisco Ratto de San Antonio de Areco; Santiago Passaglia de San Nicolás; Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas; Fernando Gray de Esteban Echeverría; Julio Zamora de Tigre; Javier Gastón de Chascomús

La reciente medida de Kicillof sobre los fondos municipales

El reclamo de los intendentes coincidió con la publicación de la Resolución 231/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, encabezado por Gabriel Katopodis, que reglamenta el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal y establece una batería de controles sobre los proyectos financiados con fondos provinciales.

La medida obliga a los municipios a presentar expedientes técnicos completos, con memoria descriptiva, planos, presupuestos detallados, plan de trabajo y acreditación de titularidad de los terrenos donde se ejecutarán las obras.

Además, la Provincia se reserva la facultad de exigir documentación adicional y someter cada proyecto a múltiples instancias de validación administrativa, técnica y financiera.

Uno de los artículos más sensibles establece que la Dirección Provincial de Infraestructura Municipal evaluará si cada obra responde “a las necesidades de la Provincia”, verificará que no exista superposición con otros proyectos y analizará la razonabilidad de los montos presupuestados.

La resolución también condiciona los desembolsos al avance físico de las obras. El segundo pago solo podrá realizarse si el municipio acredita inicio de obra, cartel oficial y un avance mínimo del 20%, mientras que el tercer desembolso requerirá superar el 50% de ejecución.

Otro punto que generó ruido entre los intendentes es que cualquier modificación de proyectos deberá ser aprobada por Infraestructura, Economía, Asesoría General de Gobierno, Contaduría y Fiscalía de Estado. Es decir, los municipios no podrán redefinir libremente obras ya autorizadas.

La normativa incluso habilita a la Provincia a suspender pagos o frenar nuevos proyectos si considera que un municipio “obstaculiza el contralor” de los fondos transferidos.

En los municipios interpretan que el nuevo esquema consolida un modelo de control centralizado sobre la obra pública local en momentos donde las comunas reclaman exactamente lo contrario: mayor autonomía financiera, menos burocracia y capacidad de maniobra para afrontar una crisis social y económica que golpea cada vez más fuerte en el territorio bonaerense.

Con esto, los intendentes bonaerenses olvidan los colores políticos para unirse en un mismo reclamo. Ahora habrá que esperar si, en el plano legislativo, se avanza con una respuesta.