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07/05/2026 - Edición Nº3507
Provincia
Recursos provinciales
Kicillof ignora los reclamos de los intendentes y añade límites al acceso del Fondo municipal
13:57 | La nueva normativa establece una batería de exigencias administrativas y técnicas para el acceso a los fondos destinados a trabajos de infraestructura.
El gobernador Axel Kicillof tomó la decisión de endurecer las restricciones al acceso a los fondos destinados a los municipios y correspondientes a obra pública e infraestructura. La maniobra se dio en medio del aumento de los reclamos de los jefes comunales por la crisis financiera.
La medida quedó oficializada a través de la Resolución 231 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, conducido por Gabriel Katopodis, donde se reglamenta el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal creado en el marco de la Ley 15.561 y del endeudamiento aprobado a finales del año pasado.
La nueva normativa establece una batería de exigencias administrativas y técnicas que los municipios deberán cumplir para acceder a los desembolsos destinados a obras públicas. Entre ellas aparecen memorias descriptivas, planos, presupuestos detallados, acreditación de titularidad de predios y certificaciones refrendadas por funcionarios comunales.
Además, la Provincia se reservó la potestad de revisar la “razonabilidad” de los montos presupuestados y de verificar que no exista superposición con otras obras en ejecución. La Dirección Provincial de Infraestructura Municipal será la encargada de evaluar la viabilidad técnica y financiera de cada proyecto antes de habilitar transferencias.
El esquema también fija un cronograma de desembolsos atado al avance físico de las obras. Los municipios solo podrán acceder al segundo pago si acreditan un avance mínimo del 20% y la colocación del cartel oficial de obra, mientras que el tercer giro quedará condicionado a superar el 50% de ejecución y presentar la rendición correspondiente.
En paralelo, el Ministerio dejó asentado que podrá suspender pagos y bloquear nuevos proyectos en aquellos distritos que obstaculicen "el contralor” de los fondos. Incluso se prevé la intervención del Honorable Tribunal de Cuentas en casos de incumplimiento en las rendiciones finales
El grito de los intendentes
La decisión cayó en medio de una fuerte ofensiva de intendentes de todos los espacios políticos para lograr que el 100% de los recursos del Fondo de Emergencia pueda utilizarse sin condicionamientos. Actualmente, el 70% se distribuye automáticamente mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante queda atado a programas específicos.
Ese reclamo ya suma cerca de 70 firmas de alcaldes de distintos sectores políticos, incluidos dirigentes del radicalismo, el PRO, el peronismo y también algunos jefes comunales cercanos al Frente Renovador. La movida nació desde el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo y luego se expandió al Conurbano.
“Necesitamos fondos para asegurar el pago de sueldos y aguinaldos, lo de las obras en este contexto es secundario”, disparó días atrás un intendente radical, sintetizando la preocupación creciente por la caída de la coparticipación y el derrumbe en la cobrabilidad de tasas municipales.
En el Ejecutivo provincial observan con preocupación el escenario financiero de las comunas, pero al mismo tiempo buscan blindar políticamente el manejo de los fondos provenientes del endeudamiento.
Por eso, la reglamentación incorpora controles cruzados de la Asesoría General de Gobierno, Contaduría, Fiscalía de Estado y la Dirección de Subsidios y Subvenciones del Ministerio de Economía.
Movimientos parlamentarios
La tensión política también se trasladó a la Legislatura. En Diputados, el radical Diego Garciarena y el dirigente PRO Alejandro Rabinovich impulsaron un proyecto para exigir la conformación urgente de la Comisión Bicameral encargada de controlar el uso del fondo surgido del endeudamiento.
La iniciativa se da en un contexto de fuerte presión política y financiera sobre las comunas, donde intendentes de distintos espacios vienen advirtiendo sobre la caída de recursos y el deterioro de las cuentas locales, en gran parte por la baja en la coparticipación y la recaudación.
El pedido opositor apunta a activar un órgano clave creado por la ley de Financiamiento sancionada a fines de 2025, que habilitó al gobierno de Kicillof a tomar deuda por más de USD 3.000 millones y estableció un esquema de control legislativo sobre esos recursos.
