La Suprema Corte bonaerense avanzó el lunes con su proyecto de autarquía financiera y entregó formalmente la iniciativa a la vicegobernadora Verónica Magario, quien preside la Cámara de Senadores bonaerense, y al presidente de Diputados, Alejandro Dichiara, durante una reunión realizada en La Plata. El máximo tribunal busca obtener autonomía presupuestaria para administrar sus propios recursos y reducir la dependencia económica del Poder Ejecutivo provincial.
El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la Corte, Sergio Gabriel Torres, junto al vicepresidente Daniel Soria. También participó Carlos Safadi Márquez, titular del Área Electoral de la Dirección de Asesoramiento Técnico del tribunal. Allí se formalizó la entrega del proyecto de “Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica” del Poder Judicial bonaerense.
La iniciativa había sido presentada públicamente a fines de abril en medio de fuertes reclamos de la Corte por las cuatro vacantes que todavía siguen sin cubrirse en el máximo tribunal provincial. Actualmente, la Suprema Corte funciona con solo tres integrantes sobre los siete previstos por ley, una situación que los jueces calificaron como una “desintegración inédita”.

Entre los principales cambios, el proyecto establece que la propia Corte tendrá la facultad de elaborar el presupuesto anual del Poder Judicial, incluyendo tanto la Administración de Justicia como el Ministerio Público. Además, plantea la creación de cuentas específicas en el Banco Provincia para administrar de manera directa los fondos judiciales.
El texto también fija un esquema de distribución interna de recursos: el 65% del presupuesto sería destinado a la Administración de Justicia y el 35% restante al Ministerio Público, encabezado por la Procuración General. Esa proporción, según el proyecto, deberá revisarse anualmente para adecuarse a las necesidades del sistema judicial bonaerense.
Otro de los puntos sensibles de la propuesta apunta al manejo de los depósitos judiciales en el Banco Provincia. La Corte pretende incorporar como nuevo recurso una participación sobre las utilidades financieras generadas por esos fondos, lo que implicaría modificar la Ley Orgánica de la entidad bancaria bonaerense.

La iniciativa cuenta con respaldo institucional de la Procuración General, la Asociación Judicial Bonaerense, el Colegio de Magistrados y el Colegio de Abogados provincial. Incluso recibió adhesiones de distintos poderes judiciales del país y de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia.

Sin embargo, el proyecto ya empezó a generar ruido político dentro del oficialismo bonaerense. Desde sectores cercanos al gobernador Axel Kicillof admiten que la propuesta podría enfrentar resistencias en la Legislatura, especialmente por el impacto presupuestario y la discusión sobre el control de los recursos públicos. En la Corte, mientras tanto, aseguran que “no hay independencia judicial posible sin autarquía financiera”.