La Dirección Provincial de Catastro Territorial, dentro de ARBA, permanece virtualmente paralizada desde fines de febrero de 2026 por un conflicto gremial impulsado por ATE. La medida impacta de lleno en la provincia de Buenos Aires, afectando a ingenieros, escribanos y contribuyentes, en un contexto donde se frenan trámites clave para la actividad económica.
El organismo, esencial para validar planos y registrar estados parcelarios, quedó reducido a su mínima expresión por asambleas y retención de tareas. Desde el sector profesional apuntaron directamente contra la gestión del director ARBA, Cristian Girard, y afirman que la falta de funcionamiento no solo interrumpe procesos administrativos, sino que también detiene proyectos vinculados al desarrollo territorial y urbano.
Para los ingenieros matriculados, la situación implica mucho más que una demora: representa un límite concreto al ejercicio profesional. Sin aprobaciones catastrales, no pueden cerrar trabajos ni avanzar con nuevas tareas, lo que repercute directamente en sus ingresos y en la relación con clientes que esperan respuestas.

Ante la inacción del titular de ARBA, Cristian Girard, desde el sector profesional reclamaron por la presencia del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de manera urgente. En este escenario, crece la preocupación por las consecuencias económicas.
La imposibilidad de escriturar o subdividir propiedades afecta a contribuyentes que necesitan regularizar su situación, mientras se resiente la circulación de capital en una actividad que ya venía golpeada por la coyuntura.
Desde el sector de ingenieros del CIPBA afirmaron: “Resulta paradójico que un organismo diseñado para la eficiencia recaudatoria sea hoy el principal obstáculo para la circulación de capitales en la provincia. La legitimidad de los reclamos gremiales no puede ser moneda de cambio para el cese total de un servicio público esencial”.

“Los ingenieros del CIPBA y la sociedad bonaerense en su conjunto no pueden seguir pagando el costo de la ineficiencia de funcionarios y sindicalistas que una vez destienden los intereses de la sociedad para seguir una agenda propia electoral, que día tras día solo provoca que se degrade la actividad profesional y comercial de todos los sectores involucrados congelando la actividad que ya viene golpeada”, sentenciaron.

Desde distintos sectores reclaman una intervención urgente del gobierno provincial para destrabar el conflicto y restablecer el servicio. Sostienen que, más allá de la legitimidad del reclamo gremial, no puede sostenerse la paralización de un área clave sin afectar a toda la sociedad bonaerense.