En medio de la crisis económica que atraviesan los municipios bonaerenses, los jefes de bloque del PRO y la UCR en la Cámara de Diputados provincial, Alejandro Rabinovich y Diego Garciarena, reclamaron el miércoles en La Plata al presidente del Cuerpo Legislativo, Alejandro Dichiara, la urgente puesta en marcha de la comisión Bicameral de seguimiento de la emergencia económica, con el objetivo de controlar el uso de fondos de deuda destinados a los distritos.
La iniciativa se da en un contexto de fuerte presión política y financiera sobre las comunas, donde intendentes de distintos espacios vienen advirtiendo sobre la caída de recursos y el deterioro de las cuentas locales, en gran parte por la baja en la coparticipación y la recaudación.
El pedido opositor apunta a activar un órgano clave creado por la ley de Financiamiento sancionada a fines de 2025, que habilitó al gobierno de Axel Kicillof a tomar deuda por más de USD 3.000 millones y estableció un esquema de control legislativo sobre esos recursos.


Esa normativa también creó el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, financiado con el 8% del endeudamiento y destinado a los 135 municipios, con una parte de libre disponibilidad y otra sujeta a programas específicos bajo supervisión de la Bicameral.
De hecho, el Gobierno provincial ya comenzó a ejecutar esos recursos con un primer desembolso superior a $13.000 millones en abril, aunque en un escenario de “extrema dificultad financiera” marcado por la caída de ingresos y recortes nacionales.

Sin embargo, la falta de conformación completa de la comisión, especialmente por demoras en el Senado, mantiene frenado el monitoreo político de los fondos y genera tensiones tanto en la oposición como entre intendentes, que reclaman mayor control y agilidad en la asignación.
En paralelo, crece el reclamo de los jefes comunales para que el 100% de los recursos sea de libre disponibilidad, ya que actualmente una porción está condicionada a obras específicas, lo que limita su uso para gastos urgentes como salarios y servicios básicos.