14:31 | Conferencia semanal
27/04/2026 - Edición Nº3497
Provincia
Férrea postura
Magario cargó contra los cambios que quiere Milei en la Ley de Discapacidad y alertó por los riesgos
14:19 | La vicegobernadora bonaerense acusó a la administración nacional de incumplir la actual legislación dedicada a los ciudadanos con disparidades y cuestionó la serie de modificaciones que plantea Nación a la ley, como por ejemplo, la posible incompatibilidad entre pensión y empleo formal.
Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, arremetió contra las modificaciones que planteó el Gobierno nacional del presidente Javier Milei a la Ley de Discapacidad y también lo acusó de no cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
“Milei pone en riesgo la vida de argentinas y argentinos discapacitados al incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada y ratificada por los representantes de la sociedad en el Congreso y avalada por la Justicia, que exigió cumplirla”, reclamó Magario.
La vicegobernadora del gobernador Axel Kicillof advirtió que la administración libertaria no solo omite la normativa sancionada, sino que además profundiza las restricciones sobre los beneficiarios del sistema en materia de prestaciones sanitarias.
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En ese marco, la presidenta de la Cámara alta bonaerense puso el foco en la propuesta del oficialismo nacional, que busca aprobar una nueva ley con cambios estructurales en el régimen de pensiones. “Ahora pretende agravar la condición de vida de las y los discapacitados. Con ‘orgullo libertario’, es cruel con los más débiles”, cuestionó la funcionaria, quien además apuntó contra la posible incompatibilidad entre pensión y empleo formal.
.@jmilei pone en riesgo la vida de argentinas y argentinos discapacitados al incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada y ratificada por los representantes de la sociedad en el Congreso y avalada por la Justicia, que exigió cumplirla. Y sanguinariamente va por… pic.twitter.com/3oLuxTx0r4
— Verónica Magario (@magariovero) April 27, 2026
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La dirigente provincial retomó uno de los principales puntos del proyecto, que elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad pueda trabajar sin perder la asistencia estatal.
Al respecto, la exintendenta de La Matanza explicó que la pensión por discapacidad ronda los 378 mil pesos, por lo que funciona como un complemento frente a las limitaciones que enfrentan estas personas para insertarse en el mercado laboral y sostener ingresos en contextos de vulnerabilidad.
“¿Hasta dónde se puede jugar con la vida de los más vulnerables, los jubilados, los niños y los discapacitados? La real “obligación moral” de un Estado no es hablar pavadas diciendo que un crédito a un funcionario “no mata a nadie”. Es asistir a los que no pueden defenderse solos”, afirmó la referente oficialista.
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Los cambios que pide Nación
En las últimas semanas, el Ejecutivo nacional envió al Congreso un proyecto que modifica de forma sustancial la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793, que aún no aplica en su totalidad pese al fallo de la Justicia que ordena su cumplimiento efectivo.
La iniciativa pretende derogar los artículos cinco, seis, nueve, 14 y 20 de la normativa sancionada en 2025 y redefine los criterios para acceder a la ayuda estatal.
Frente a este escenario, Magario volvió a levantar la voz en relación con el ajuste del Gobierno nacional y convocó a fijar una posición frente al nuevo intento de reforma sobre las políticas públicas.
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“Quienes creemos que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que tienen todos los ciudadanos debemos levantar un muro de contención para frenar tanta barbarie. El otro importa”, finalizó.
El texto oficial plantea un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales bajo un esquema de control más estricto.
Asimismo, la propuesta habilita la suspensión automática de la pensión en caso de incumplimiento y permite aplicar bajas preventivas.
Por otro lado, la administración nacional busca eliminar la posibilidad de que un beneficiario acceda a cualquier empleo formal, estableciendo la incompatibilidad entre la pensión y el trabajo.
