Desde La Plata
25/04/2026 - Edición Nº3495
Legislatura
Reforma judicial en la Provincia
Presentan un proyecto de Ley Penal Juvenil bonaerense para bajar la edad de imputabilidad a 14 años
09:55 | Un proyecto del presentado por un senador del PRO busca adaptar la legislación bonaerense al nuevo régimen penal juvenil aprobado por el Congreso nacional.
En la provincia de Buenos Aires, el senador Guillermo Montenegro presentó un proyecto para adecuar la normativa local al Régimen Penal Juvenil impulsado por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años y alinear la ley provincial con los cambios sancionados en febrero.
El texto legislativo, de más de 30 páginas, apunta a reorganizar el sistema de responsabilidad juvenil vigente para hacerlo compatible con la Ley 27.801. Se trata de una de las reformas clave aprobadas durante el período extraordinario del Congreso, que introdujo modificaciones de fondo en el tratamiento penal de menores.
Montenegro defendió la iniciativa al señalar que implica un cambio de paradigma en la legislación juvenil. Según explicó, se deja atrás un enfoque centrado en la tutela del menor para avanzar hacia uno basado en la responsabilidad penal, incorporando además un rol más activo para las víctimas dentro del proceso judicial.
Proyecto Ley Penal Juvenil Final by Cronos Noticias
El proyecto no elimina la ley bonaerense actual, sino que propone una reconfiguración de la Ley 13.634 mediante la modificación e incorporación de artículos. Entre los cambios principales aparece la reducción de la edad de imputabilidad, uno de los ejes centrales del esquema impulsado a nivel nacional.
Entre los fundamentos, el senador advirtió sobre un aumento en los delitos cometidos por menores, en muchos casos bajo la coordinación de adultos. Según argumentó, esta situación incluye hechos graves como robos con armas y homicidios, además de la utilización de adolescentes por parte de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
La iniciativa también introduce cambios en el funcionamiento del fuero juvenil, medidas cautelares más estrictas y mayor protección para las víctimas. A su vez, establece que la privación de la libertad será el último recurso, con penas máximas de hasta 15 años y cumplimiento en establecimientos especializados para adolescentes.
