Tras una medida del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva, esta semana se autorizó la instalación de tecnología para detectar y bloquear celulares en cárceles federales, con el objetivo de frenar delitos organizados desde los penales. En paralelo, el senador bonaerense Pablo Petrecca impulsó un proyecto similar en la provincia de Buenos Aires, donde el uso de teléfonos en unidades penitenciarias sigue sin control efectivo y genera impacto directo en la seguridad ciudadana.
La medida nacional fue formalizada mediante la Resolución 336/2026 y habilita al Servicio Penitenciario Federal a implementar sistemas capaces de identificar dispositivos activos dentro de las cárceles y bloquearlos de manera selectiva, sin afectar la señal en zonas aledañas. El objetivo es impedir la coordinación de maniobras delictivas desde el encierro.
Detrás de esta decisión hay un diagnóstico consolidado: en los últimos años se detectaron múltiples casos de estafas telefónicas, amenazas y organización de robos gestados desde unidades penitenciarias, muchas veces bajo la modalidad de “call centers” ilegales operados por internos.

En ese contexto, el Gobierno de Milei también avanzó con operativos de requisa más intensivos: solo recientemente se destruyeron más de 4.200 celulares incautados en cárceles federales, considerados herramientas clave para sostener estructuras criminales desde el interior.
A diferencia de los antiguos inhibidores de señal, el nuevo sistema se basa en el bloqueo por IMEI/IMSI, lo que permite identificar cada dispositivo y neutralizarlo de forma puntual, mejorando la eficacia del control sin generar interferencias externas.
Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires el escenario es distinto: persiste un esquema apoyado en protocolos de emergencia implementados durante la pandemia, que no logró resolver el uso extendido de celulares en cárceles ni evitar su utilización para delinquir.
Ahora le toca al gobernador.
— Pablo Petrecca (@petreccapablo) April 21, 2026
El Ministerio de Seguridad de la Nación ya tomó la decisión.
En la Provincia, @Kicillofok no puede seguir mirando para el costado.
Presentamos un proyecto para frenar los celulares en las cárceles.
Si no se actúa, las estafas siguen saliendo desde… https://t.co/FlAVNGyXUZ
Frente a este panorama, el proyecto legislativo de Petrecca propone crear un sistema de comunicación digital supervisada que reemplace los dispositivos personales por canales controlados, con trazabilidad, contactos autorizados y límites claros para evitar abusos.
El contraste entre ambos niveles del Estado expone una tensión creciente: con herramientas tecnológicas disponibles y antecedentes concretos de delitos organizados desde las cárceles, la discusión en territorio bonaerense ya no gira en torno al diagnóstico, sino a la decisión política de avanzar o sostener un sistema que, hasta ahora, no logra contener el problema.