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El gobierno de Javier Milei resolvió habilitar a nueve provincias a concesionar rutas nacionales con peajes, pero volvió a excluir a Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, en una decisión que reaviva la disputa política por la gestión vial. La medida fue oficializada por decreto y se da en medio de reclamos cruzados entre Nación y Provincia.
La resolución llega poco después de que la administración libertaria dejara afuera a AUBASA de una licitación clave entre la Ciudad de Buenos Aires y Ezeiza. Ese antecedente ya había generado malestar en La Plata, que interpretó la decisión como un gesto de confrontación directa hacia la gestión bonaerense.
El decreto autoriza a Córdoba, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe a concesionar tramos de rutas bajo un esquema de obra pública financiada con peajes. La habilitación es de carácter temporal y revocable, y obliga a las provincias a llamar a licitación en el plazo de un año.
Según se detalló oficialmente, la medida no implica transferir la jurisdicción de las rutas ni el control definitivo a las provincias. Además, establece que los fondos recaudados deberán destinarse exclusivamente a obras en los tramos concesionados, sin posibilidad de redirigir esos recursos a otros fines.
La exclusión de Buenos Aires es leída en clave política, sobre todo por los reiterados pedidos de Kicillof para hacerse cargo de la Autopista Presidente Perón ante la falta de mantenimiento nacional. En un contexto de parálisis de la obra pública, la Provincia buscaba asumir mayor control sobre corredores estratégicos.
Desde el ámbito sindical, el decreto también generó fuertes críticas. El gremio vial denunció que la medida implica una precarización del sistema y un avance sobre la Dirección Nacional de Vialidad, al considerar que se altera el esquema histórico de planificación federal de las rutas nacionales.
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