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El senador bonaerense Pablo Petrecca y su equipo denunciaron el 12 de marzo de 2026 ante el Ministerio Público Fiscal una maniobra de suplantación de identidad en Junín, donde delincuentes usaban su imagen en WhatsApp para estafar comerciantes, lo que derivó en una investigación que expuso una red delictiva operando desde cárceles bonaerenses.
La presentación judicial permitió detectar una modalidad en crecimiento: perfiles falsos que apelan a la confianza para concretar engaños. En este caso, los estafadores se hacían pasar por el legislador para solicitar bienes o coordinar operaciones fraudulentas con víctimas locales.
A partir de tareas de inteligencia y escuchas, la DDI Junín identificó que la operatoria tenía base dentro del sistema penitenciario. En particular, se determinó que los movimientos se coordinaban desde unidades carcelarias de la región, con conexiones externas que facilitaban la ejecución de las estafas.
Con esos elementos, la Justicia avanzó con allanamientos y detenciones, además del secuestro de dispositivos utilizados para delinquir. La causa confirmó la existencia de una organización estructurada que utilizaba celulares desde el encierro para cometer delitos en el exterior.
El caso volvió a poner en agenda una problemática recurrente: el uso irregular de teléfonos móviles dentro de las cárceles. Distintos informes oficiales y judiciales ya habían advertido sobre esta situación, que facilita delitos como estafas virtuales, extorsiones y amenazas.
Frente a este escenario, Petrecca decidió avanzar con un proyecto de ley que busca prohibir los celulares en unidades penitenciarias bonaerenses. La iniciativa propone reemplazar el esquema actual por un sistema regulado y bajo control estatal.
El eje de la propuesta es la creación de un sistema de comunicación digital supervisada, con acceso restringido, sin redes sociales ni internet abierto, y con contactos previamente autorizados. Además, contempla sanciones para quienes incumplan las nuevas reglas.
De esta manera, el caso que comenzó con una estafa puntual derivó en un debate más amplio sobre seguridad y control en cárceles. La discusión ahora se traslada al ámbito legislativo, donde se buscará cerrar las grietas que permiten que el delito se organice incluso desde el encierro.
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