La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ordenó que se analice el caso de María del Carmen Ludueña, una mujer de 63 años que desde hace siete años está postrada en una cama a causa de una enfermedad autoinmune severa y que pide acceder a la eutanasia, es decir, a una asistencia médica para dejar de vivir. El fallo del máximo tribunal bonaerense representa un paso inédito en la justicia argentina y reabre el debate sobre el derecho a un deceso digno.
María vive en La Reja, partido de Moreno, y sufre una artritis reumatoidea poliarticular, seropositiva y erosiva en curso grave. Su diagnóstico data de 2001 y, con el paso del tiempo, la enfermedad le fue quitando movilidad, autonomía y calidad de vida. En mayo de este año le amputaron una pierna, pero el dolor no cesó: el síndrome del miembro fantasma le genera sufrimiento permanente. “Cualquiera que pase 24 horas como yo pediría lo mismo”, expresó en diálogo con Infobae.
El recurso judicial fue presentado en noviembre de 2024 a través de un defensor oficial, pero tanto en primera como en segunda instancia fue rechazado in limine, es decir, sin analizar el fondo del caso, por falta de legislación que habilite la práctica en el país. Ahora, la Corte bonaerense ordenó que el expediente sea revisado por un juzgado contencioso administrativo, al considerar que la negativa previa vulneró el acceso a la justicia y el derecho a la dignidad humana.

En su resolución, los jueces del máximo tribunal provincial señalaron que las “especiales y desdichadas circunstancias” de María comprometen prerrogativas constitucionales esenciales como el derecho a la vida, la autonomía de la voluntad y la dignidad. En ese sentido, advirtieron que negar el análisis del caso constituye “una flagrante violación del debido proceso”. La causa continuará su curso en la sección judicial de Mercedes, donde será tratada por el juez Luis Oscar Laserna.
Por primera vez, la justicia bonaerense deberá examinar el contexto médico, psicológico y humano de la solicitante. Se prevé que declaren familiares, médicos y enfermeras, y que una junta médica evalúe su capacidad de decisión y la gravedad de sus padecimientos. La defensa también pedirá que el magistrado se acerque al domicilio de María para escucharla personalmente.
En paralelo, el debate sobre la eutanasia sigue sin resolución en el Congreso Nacional, donde permanecen cinco proyectos de ley que buscan regular el acceso a la asistencia médica para morir, aunque todos corren riesgo de perder estado parlamentario a fin de año. Argentina, a diferencia de otros países, aún no cuenta con un marco legal que contemple esta práctica bajo criterios éticos y sanitarios. Recientemente se supo que Uruguay, país vecino, aprobó un proyecto que valida la eutanasia.
Mientras la discusión política continúa, María aguarda que la justicia la escuche. Desde su cama, con ayuda de su hija y sus cuidadores, enfrenta cada día entre dolores y cansancio. “No quiero sufrir más, sólo pido que alguien me ayude a terminar mi historia con paz”, dice. Su caso, ahora, podría marcar un antes y un después en el debate sobre el derecho a decidir sobre la propia vida y la muerte digna en la provincia de Buenos Aires.