El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Sanitaria en Pediatría desató una fuerte ola de repudios en la Legislatura bonaerense. Desde distintos bloques políticos, incluidos Unión por la Patria, la UCR y el Frente de Izquierda, coincidieron en que la decisión del Gobierno nacional implica un retroceso para la educación y la salud públicas.
El titular del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, sostuvo que “desfinanciar la educación es quebrar el futuro” y calificó el veto como un “golpe brutal contra la igualdad de oportunidades”. En la misma línea, el diputado radical Valentín Miranda advirtió que “vetar el financiamiento universitario debilita funciones clave como docencia, salud e investigación”.
Desde Unión por la Patria, la diputada Lucía Iañez acusó al Gobierno de “no escuchar al pueblo” y defendió a la universidad pública como “un orgullo nacional”. Su compañera de bancada, Marcela Basualdo, remarcó que la ley vetada fue aprobada por el Congreso y cuestionó el desinterés oficial por la educación superior.
El senador Pedro Borgini también expresó su rechazo al veto, al considerar que “la universidad pública es un derecho” y que su desfinanciamiento pone en jaque el futuro del país. Por su parte, el senador Federico Fagioli vinculó la decisión al contexto electoral: “Si no lo quisieron entender en las urnas, lo van a tener que entender en las calles”.
Las críticas también se centraron en el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria en Pediatría, que contemplaba más fondos para hospitales como el Garrahan. La diputada del FIT, Laura Cano, calificó al gobierno de Milei como “corrupto” y llamó a un paro general. “Este gobierno no tiene ninguna legitimidad”, lanzó.
La norma vetada había sido sancionada por amplia mayoría en el Senado y buscaba reforzar el presupuesto para centros de atención infantil y garantizar el suministro de insumos médicos críticos. La medida generó malestar entre profesionales de la salud y sectores sindicales que ya evalúan acciones conjuntas.
Desde el Ejecutivo nacional justificaron el veto argumentando que las leyes aprobadas generaban un incremento desproporcionado del gasto público y provocaban “desequilibrios fiscales” que podrían derivar en más inflación por vía de emisión monetaria. Sin embargo, la respuesta política desde la Provincia fue unánime: los derechos sociales no se vetan.