Si bien el Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva 2025 no pudieron tratarse, el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense se pudo abrir para aprobar un proyecto de fuerte trascendencia para el oficialismo. En esa línea, y con votos claves de la oposición, se sancionó la reforma jubilatoria de los empleados del Banco Provincia donde se les restituye el cálculo de los haberes previsionales en el 82% móvil.
En primer lugar, y después de cantar el himno nacional argentino, Alejandro Dichiara dejó la presidencia luego de un sentido discurso de agradecimiento, para que asumiera el massista Alexis Guerrera. Además, Adrián Urreli (PRO), Carlos “Cuto” Moreno (UxP), Alejandra Lorden (UCR-Cambio Federal) y Fabián Luayza (Unión, Renovación y Fe) continuarán ocupando las vicepresidencias de la Cámara.
De esta forma, las intenciones del bloque La Libertad Avanza no prosperaron por lo que no contarán con una de las vicepresidencias de Diputados. Cabe señalar que ellos entendían que les correspondía acceder a una de ellas ya que ahora son 13 diputados.
Más tarde, se trató el plato fuerte de la jornada después de lo sucedido con la “Ley de Leyes” 2025. Con media sanción, se convirtió en ley la modificación del régimen jubilatorio de los empleados del Banco Provincia gracias al apoyo de los “libertarios dialoguistas” (Unión, Renovación y Fe), la Izquierda y algunos legisladores de Acuerdo Cívico (UCR + GEN).
Por tanto, se volverá a establecer la edad jubilatoria de las mujeres en 60 años y se cambia el régimen de movilidad, luego de las miles de presentaciones judiciales por parte de empleados que denunciaron la “inconstitucionalidad” de la legislación.
Además, las jubilaciones deberán volver a calcularse al 82% del promedio actualizado de las remuneraciones percibidas durante los 120 meses anteriores al cese, mientras que la norma vigente desde el gobierno de María Eugenia Vidal establecía el 70%.
Finalmente, la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que establece la regularización de la ejecución de aquellas condenas o medidas cautelares impuestas a jóvenes punibles por delitos cuya comisión o presunción de comisión haya ocurrido antes de alcanzar la mayoría de edad.
La iniciativa, presentada por la diputada oficialista Lucía Iañez, apunta a que los jóvenes realicen un proceso de comprensión y de responsabilidad de sus actos que les permita participar en su propio progreso personal con el objetivo de lograr su integración socio-comunitaria.