Después de 57 días, el Senado bonaerense volvió a abrir sus puertas para realizar una sesión que resultaba fundamental para el gobierno de Axel Kicillof. En ese marco, gracias al quórum otorgado por los libertarios “dialoguistas”, los legisladores pudieron tratar y aprobar el RIGI bonaerense y la reforma jubilatoria del Banco Provincia (Bapro).
En primer lugar, los senadores presentes levantaron el pulgar a la restitución del 82% móvil para el cálculo de los haberes jubilatorios de los trabajadores del Banco Provincia y el 75% para las pensiones. Asimismo, reestablecieron la edad jubilatoria de 60 años para las mujeres al eliminar la normativa que igualaba a ambos géneros en 65 años.
A su vez, la iniciativa aprobada repone derechos que garantizan e incrementan la fuente de financiamiento y, en consecuencia, proyecta una reducción del déficit en relación con la derogada Ley Nº15.008 aprobada en 2017 durante la administración de María Eugenia Vidal.
En consecuencia, el proyecto que envió el Poder Ejecutivo fue girado a la Cámara de Diputados bonaerense y se contempla la ampliación del aporte de las personas afiliadas activas, que pasará del 14 al 16%, la suba de las contribuciones obligatorias del banco, que ascenderán al 21%, y un nuevo régimen para ingresantes con 19% de aportes personales.
Más tarde, los legisladores tuvieron la oportunidad de analizar la iniciativa del RIGI bonaerense que había sido aprobada en la Cámara Baja. En esa línea, votaron favorablemente también el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas con el fin de promover inversiones claves en el territorio provincial.
De esta forma, las propuestas que sean aprobadas serán beneficiadas con exenciones fiscales parciales sobre los impuestos de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos. Los proyectos con inversiones desde US$5 millones hasta US$50 millones podrán acceder a un 30% durante cinco años; mientras que para aquellos que alcancen inversiones de entre US$50 millones y US$200 millones, el beneficio será del 25% durante cuatro años. En el caso de las inversiones superiores a los US$200 millones, la exención será del 20% durante tres años.
Con esta iniciativa, se apunta a la creación de empleos de calidad, el desarrollo de proveedores locales, la transferencia de tecnología, el impulso de las exportaciones y la reducción de desequilibrios territoriales.