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El régimen jubilatorio de los empleados del Banco Provincia, modificado bajo el gobierno de la ahora diputada nacional, María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires a través de la Ley 15.008, trajo una ola de conflictos que repercutieron en la Justicia y en pedidos de parte de la Suprema Corte bonaerense para que se solucione la cuestión. En este marco, la oposición en la Legislatura provincial prepara un proyecto propio para saldar cuentas en este sentido.
La oposición inició un proceso de diálogo para presentar un proyecto alternativo al oficial, y que darían a conocer luego de la ronda de consultas que incluyen a todos los bloques opositores en el Senado.
Así, esta semana habrá encuentros entre representantes de UCR-Cambio Federal (el monzoísta Marcelo Daletto llevaría la voz cantante), el PRO y ambos espacios libertarios: el mileísta que comanda Carlos Curestis y el “dialoguista” encabezado por Carlos Kikuchi.
Sin que hayan trascendido detalles del texto definitivo, el borrador sobre el que trabajan hace hincapié en el visto bueno para modificar el artículo 41 de la 15.008, que estableció que los haberes de las prestaciones serán móviles y se actualizarán conforme la variación del índice de movilidad establecido en la Ley Nacional 26.417.
Es decir, lo que suspendió la Corte y pidió resolver a los diferentes espacios políticos por el aluvión de amparos judiciales, acerca de lo cual los legisladores admiten que hubo "un error en la redacción y hay que corregirlo”.
Sin embargo, los bloques que tejen una propuesta alternativa se manifestaron firmes en cuanto a las líneas rojas, aquellas que no atravesarán con respecto al proyecto oficial. Por caso, no aceptarán bajar la edad jubilatoria (el Ejecutivo propone restablecer los 60 años para la edad jubilatoria de las mujeres, que el gobierno de Vidal equiparó en 65 con los hombres). “Esto aumenta el gasto y, consecuentemente, aumenta el déficit del sistema”, explicaron.
Tampoco darán el brazo a torcer con el controvertido artículo 39 de la Ley Vidal, que dispuso que el haber mensual inicial de las prestaciones será el equivalente al 70% por ciento del promedio actualizado de las remuneraciones mensuales percibidas durante el período de ciento veinte 120 meses inmediatamente anteriores a la cesación del servicio.
Por su parte, el punto 42 del texto establece que el haber inicial de las prestaciones será el equivalente al 82% del promedio actualizado de las remuneraciones mensuales percibidas durante el período de ciento veinte 120 meses inmediatamente anteriores a la cesación del servicio. “Si es complicado pagar el 70%, menos posible será el 82 por ciento, por lo que atenta contra la sostenibilidad del sistema”, aseguraron desde la trinchera opositora.
Otra frontera que la oposición no cruzará está referida al cambio propuesto para las pensiones que otorga la Caja. Actualmente el haber de un pensionado es del 70% de la jubilación que percibía el afiliado, y el Gobierno busca que vuelva a ser del 75%, como estaba antes de la sanción de la ley en vigencia.
Finalmente, expresaron su rechazo al ítem del proyecto oficial que incorpora una “contribución adicional del Banco Provincia y una partida presupuestaria de la Provincia, de conformidad con los recursos disponibles y recuperando el rol de garante final del sistema previsional, para atender de manera conjunta y coordinada el eventual déficit de la Caja”.
En tal sentido, legisladores opositores explicaron su rechazo a que la Provincia financie el déficit de la caja del Bapro.
De acuerdo a miembros de la oposición, significaría “una locura” esta idea, ya que “sería una prioridad mayor trabajar para eliminar el déficit del IPS, que paga jubilaciones tres veces menores a las del Banco”.
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