Los sistemas judiciales de la Argentina avanzan sin mediciones respecto de las mujeres involucradas en el microtráfico de drogas, un sector sumergido en la marginalidad, la desigualdad y la violencia, cuya persecución, juzgamiento y sanción carece de un impacto sustantivo en el combate al narcotráfico.
Así se desprende de un informe realizado por la Red Federal de Periodismo Judicial, liderada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a partir de pedidos de acceso de información pública y consultas a referentes y especialistas en todo el país.
En la mayoría de los distritos, 14 de 24, no hay información pública disponible sobre cuántas mujeres recibieron condenas en los últimos cinco años (2019-2023) por microtráfico de drogas. Sí hay información en la CABA, Misiones, Neuquén y Salta (17%). Del análisis de los datos disponibles en estas cuatro jurisdicciones se desprende que Salta es la provincia de este conjunto cuyo Poder Judicial condenó a más mujeres por microtráfico de drogas en los últimos cinco años. Pasó de 29 en 2019 a 70 en 2023 (+133%). En total, se contaron aquí 244 mujeres condenadas en el período considerado.
Para el período 2019-2023 sólo hay información disponible sobre personas de género indistinto y mujeres condenadas por microtráfico de drogas en dos jurisdicciones (8%) de la Argentina: CABA y Neuquén. En promedio, son mujeres el 30% de las personas condenadas por aquel delito en los últimos cinco años.
Vendedoras domiciliarias, transportadoras, suministradoras de dosis en la cárcel y acompañantes: las mujeres condenadas por microtráfico de drogas desempeñan en general papeles irrelevantes y muy expuestos al riesgo en las organizaciones delictivas. En algunas jurisdicciones ganan protagonismo en el negocio por la caída de sus parejas o maridos.
Las mujeres involucradas en el microtráfico de drogas en general son madres jóvenes, y sin recursos económicos, educación ni empleo formal. En Corrientes, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán resulta frecuente que estas mujeres registren antecedentes haber sufrido violencia de género.
En 11 de los 24 distritos de la Argentina no hay información pública disponible sobre cuántas personas de género indistinto recibieron condenas privativas y no privativas de la libertad en los últimos cinco años (2019-2023) por microtráfico de drogas. Se trata de Buenos Aires (PBA), Catamarca, Chubut, Corrientes, La Rioja, Misiones, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe.
Hay información parcial en Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, La Pampa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán (37,5%). Sí hay información en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Formosa, Neuquén (17%).
El informe de la Red de Periodismo Judicial incluye cuatro crónicas que permiten comprender, desde perspectivas diferentes, la judicialización de mujeres por microtráfico de drogas. Una de esas historias trata sobre la peripecia de Maribel Rodríguez, quien, a cambio de U$S 700 que iba a destinar a la cirugía de su hija, aceptó transportar en el cuerpo 998 gramos de cocaína entre Bolivia y la Argentina.
En otra pieza, Rosana Gambacorta, única mujer en la Defensa Pública de la Nación en Rosario (Santa Fe), dice que es “abogada de los nadies” y que sus asistidas no son “narcos, sino que tienen hambre y frío”. La tercera crónica narra el caso de Camila Solange Medrano, una mujer que, en un ambiente de drogas de un barrio de la CABA, sufrió intimidaciones y amenazas que casi acaban con su vida. En tanto, la cuarta crónica relata la lucha de siete años de la psicóloga Milena Pozo por librarse del estigma que le generó una denuncia por seis gotas de cannabis.
“Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la Justicia argentina” es un proyecto desarrollado por la Red Federal de Periodismo Judicial con el apoyo del Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas (FINND) de la Fundación Gabo y Open Society Foundations, y el acompañamiento del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Un equipo de 22 periodistas e investigadores radicados en diferentes puntos del país desarrolló la pesquisa entre abril y junio de 2024. Sus hallazgos se basan en los resultados de más de 100 pedidos de acceso a la información pública, y en conversaciones con una variedad amplia de voces conocedoras: mujeres criminalizadas por microtráfico de drogas, y actores de la magistratura, de los ministerios públicos, de la abogacía, de los gobiernos, de la academia y de la sociedad civil.
La Red Federal de Periodismo Judicial alienta a divulgar y reproducir los datos, historias e imágenes de “Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la Justicia argentina” con la correspondiente atribución de la fuente. La investigación completa puede ser consultada aquí.
Sobre la Red
La Red Federal de Periodismo Judicial es un ámbito de aprendizaje y de producción basado en la colaboración y en los datos que aspira a incrementar las capacidades de investigación colectiva de la agenda de la Justicia argentina. Está formada por periodistas e investigadores independientes de todo el país, y es liderada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). La Red fue instituida como tal el 22 de septiembre de 2023.
La primera investigación colaborativa de la Red Federal de Periodismo Judicial se titula "Transparencia y acceso a la información pública en los sistemas judiciales de la Argentina" (2023), y está disponible en este enlace. La segunda se denomina “Abrir la justicia. Guía para la Cobertura Periodística de los Tribunales Federales de la Argentina” (2024) y será presentada próximamente. Ambos trabajos fueron realizados con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina.
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