En las últimas horas, el diputado Pablo Domenichini presentó un proyecto de ley que apunta a congelar los sueldos de los principales funcionarios de la provincia de Buenos Aires. La medida sería por un año y se verían afectados el gobernador Axel Kicillof, la vice Verónica Magario, los Ministros, Secretarios y los 138 legisladores de las Cámaras Legislativas.
“Parte de la clase política se encuentra totalmente distanciada de la agenda de la agente, como si viviera en una realidad absolutamente diferente, ajena a los problemas cotidianos que diariamente enfrentan los argentinos. Si bien tenemos ejemplos de esta lejanía, uno de los más marcados es el de los sueldos, dietas y jubilaciones con las que cuentan funcionarios y exfuncionarios”, destacó el legislador radical.
En esa línea, el diputado del bloque UCR + Cambio Federal pretende congelar las remuneraciones que perciban el Gobernador, Vicegobernador, los ministros, secretarios, subsecretarios, directores de Organismos y/o Institutos, asesores, el Defensor del Pueblo, diputados, senadores, y secretarios y prosecretarios de ambas cámaras de la Legislatura bonaerense.
Asimismo, la iniciativa lleva la firma también del diputado del PRO Matías Ranzini, y de cuatro legisladores que ya dejaron su cargo en la Cámara Baja: los también amarillos Sergio Siciliano, Noelia Ruiz, Johanna Panebianco y Anastasia Peralta Ramos.
Sin embargo, Domenichini detalló que se verán exceptuados del congelamiento el personal esencial, como el de seguridad, salud y educación. “En todos los casos deberán justificarse las razones de urgencia o la necesidad de evitar un perjuicio mayor a la comunidad o a las cuentas públicas”, afirmó.
No obstante, el legislador bonaerense resaltó que es “innegable el déficit fiscal que posee el Estado provincial”, por lo que resulta importante “adoptar una conducta de austeridad” para promover la recuperación económica y social bonaerense.
Finalmente, pidió a que los 135 municipios bonaerenses se sumen a esta normativa y promuevan un congelamiento de los salarios para los funcionarios públicos locales bajo los mismos términos de su proyecto de ley.