Después del primer paro nacional de la CGT, que paradójicamente fue un “éxito político” tanto para los convocantes como para el Gobierno nacional. Es que, la inusual huelga de 12 horas tensionó la relación entre quienes apoyan al incipiente gobierno de Javier Milei, y quienes decididamente están en contra del “plan motosierra” en medio de una versión renovada de la grieta política.
Durante la fuerte movilización del sindicalismo, el kirchnerismo peronista y organizaciones sociales, la Casa Rosada volvió a amenazar a los gobernadores con una definición contundente: si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la controvertida Ley Ómnibus, “el ajuste será mayor, fundamentalmente, para las provincias".
Esa misma discusión, que enfrascó a gran parte de la oposición llamada dialoguista, desdibujó un poco políticamente a los sectores vinculados a Juntos por el Cambio, que quedó en el medio, como el jamón de un sándwich.
El peronismo, en cambio, logró mostrar unidad detrás de la masiva movilización al Congreso, con el gobernador Axel Kicillof, ministros, sindicalistas y la liga de intendentes, sobre todo los del conurbano a la cabeza. Una foto que claramente marcará los posicionamientos políticos de acá a un par de años, “o mientras dure este gobierno libertario, por lo menos”, decían en las diagonales.
Entretanto en el Gobierno nacional festejaron el paro porque los colocó en la otra punta del escenario ideológico que ellos imaginan, y a la cabeza de esos festejos estuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que lidera el sector más ortodoxo de la administración federal.
Por su parte, la dirigencia de JxC nuevamente quedó entrampada en una posición intermedia, con críticas a las actuales políticas de Milei, pero tomando distancia de la convocatoria de la CGT. Y está claro que en la política de hoy, lo que se consume son los grandes trazos, y no la letra fina.
Como sea, en la discusión del Congreso, los dialoguistas lograron varios cambios a la Ley Ómnibus. Una de las discusiones que se dieron en los últimos días fue la posible eliminación de la ley que crea el régimen de “Zona Fría”, que afecta directamente a nuestra región, y por cual los vecinos que cuentan con el beneficio pagan el gas con descuento de entre el 30 y 50%.
Dicha ley comprende a 95 distritos de la Provincia, al 31% de los usuarios de gas por redes de esta jurisdicción y se estima en más de 3,5 millones de personas (22% de la población) en un contexto de altísima inflación y ajuste.
Ante eso, desde la Legislatura bonaerense se alzaron varias voces pidiendo que no se elimine el régimen. Quienes hicieron punta en el reclamo fueron los legisladores radicales de la Sexta, Nerina Neumann y Emiliano Balbín. Luego también se sumaron intendentes de otras fuerzas políticas. El petitorio pareció surtir efecto, porque en principio, dicen, el Gobierno habría decidido dejarlo fuera del paquete de reformas.
Claramente la huelga en rechazo a las políticas de la administración libertaria provocó diferentes discusiones de todo el arco político bonaerense. Con críticas concretas al Gobierno nacional y a las políticas económicas y sociales como telón de fondo, la Provincia sobrevuela la compleja situación que genera el rumbo que propuso Milei en poco más de mes y medio al frente de la nueva era presidencial.
Sobre el escenario, legisladores bonaerenses liberales y de Juntos no se quisieron quedar atrás y también condenaron a Kicillof por plegarse al paro de la CGT en medio de recurrentes hechos de inseguridad y en particular, del asesinato de Umma, la hija de 9 años de un custodio de la ministra Bullrich tras recibir un criminal disparo en la cabeza tras un intento de robo en Lomas de Zamora.
Tras el trágico episodio, el Gobernador -que parece extrañar demasiado el paraguas mediático del ex ministro de Seguridad, Sergio Berni- le ordenó al ministro Javier Alonso “profundizar” las medidas de seguridad en el territorio.
El sucesor de Berni atraviesa un complejo inicio de temporada a raíz de múltiples episodios violentos que sacuden al Conurbano bonaerense y que ponen a Kicillof en el ojo de la tormenta política ante la problemática de la inseguridad. De hecho, poco después que se confirmó el crimen de la niña que impactó al país, desde el Gobierno nacional apuntaron contra la sede gubernamental de calle 6.
El conmovedor crimen de Umma se suma a una ya interminable lista de casos de inseguridad producto de una crisis estructural. Ninguna crisis cuyo arrastre es de décadas se resuelve de un día para otro.
Hace falta un trabajo conjunto de todas las fuerzas políticas en base a acuerdos institucionales y una inversión real en términos de seguridad, justicia y educación.
“Estas situaciones requieren que el Poder Judicial se ponga a la altura de las circunstancias”, enfatizó el Gobernador no sin dejar de respaldar el accionar de la Policía bonaerense actuando como auxiliar durante la investigación del caso, “después la Justicia decide” aclaró.
“Necesitamos que (los responsables del crimen) paguen por lo que han hecho”, concluyó Kicillof, frente a un “verano caliente” donde no pocos advierten “impensadas desprolijidades” en materia de gestión gubernamental.
Si bien es cierto que Nación y Provincia se mostraron dispuestos a trabajar en conjunto desde el inicio de la gestión, la escalada de inseguridad y las diferencias de abordaje que proponen en materia penal tensa la cuerda entre las partes.
Por Ricardo Salas
Fuente: lanueva.com