En la jornada del jueves, la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, presentó el protocolo “anti-piquetes” para determinar cuál será el rol de la Policía Federal y las Fuerzas de Seguridad Federales, ante cortes totales o parciales de rutas nacionales y la interrupción del tránsito particular.
El protocolo puede ser utilizado sin la necesidad de dictar una orden judicial, toda vez que se trate de un delito evidente reprimido por el artículo 194 del Código Penal, comunicando de inmediato tal intervención a la autoridad judicial correspondiente.
En ese sentido, la medida abarca la concentración de personas o colocación de vallas que quebrantasen la libre circulación de vehículos o obstaculizaren el tránsito ferroviario, aun cuando no crearen una situación de peligro.
Asimismo, las fuerzas de Seguridad también intervendrán en situaciones similares frente a una interrupción del tránsito particular o del transporte de pasajeros en lugares no sujetos a la jurisdicción federal.
De esta forma, se buscará despejar las vías de comunicación o transporte, hasta dejar liberado el espacio destinado a la circulación, todo ello mediante el empleo de la mínima fuerza necesaria y suficiente. Además, se mantendrá una especial atención ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos, y siempre con el empleo de armas no letales.

Quienes participen en el piquete, serán registrados por las fuerzas intervinienes que informarán al Ministerio de Seguridad. Si se comprueba que llevaron niños o adolescentes a la concentración, se procederá a la aplicación a cargo del pago de planes sociales y a la autoridad a cargo de la protección de los menores.
Por último, los participantes de las protestas serán demandados a pagar el costo de los operativos desplegados y a la jurisdicción pertinente, de modo que se puedan iniciarse acciones de resarcimiento por los daños ocasionados contra el patrimonio público.