Empresarios de colectivos presionan aumentar las tarifas y apuntaron contra municipios

La Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP) emitió un comunicado en el que cuestionó los criterios adoptados por distintos intendentes y de los Concejos Deliberantes a la hora de definir las actualizaciones de las tarifas de viaje.

Después de las redefiniciones del valor del boleto, distintas autoridades solicitaron que “las tarifas del sistema del transporte público de pasajeros del interior de las provincias del país deben de reconocer los costos de su operación”.

Después de que las autoridades bonaerenses desactivaran el lockout empresario, la situación actual amenaza con complicar el funcionamiento normal de pasajeros en los municipios. En ese sentido, la solicitud de las autoridades radica en no realizar subas por debajo de los índices y que se respeten los estudios de costos que efectúan las empresas.

En ese sentido, el objetivo de la FATAP es clarificar al gobierno municipal y a su respectivo Concejo Deliberante de no autorizar tarifas por debajo de las solicitudes de las empresas y que los mismos no se encuentren por debajo de los índices.

El comunicado de empresarios remarcó: “Deben ser cumplidos por los poderes concedentes según sus estipulaciones originales, para restablecer una ecuación económica contractual quebrada a causa de un sistema deformado por decisiones políticas sin bases técnicas ni sustento contractual”

“Recrear las condiciones económico financieras y de mercado imprescindibles para terminar con la descapitalizacion y su consecuencia, una inferior calidad de servicios para los usuarios, que ha ocasionado que las empresas carezcan de recursos genuinos básicos para hacer frente a las obligaciones derivadas de la actividad”, señaló la carta.

“La sustentabilidad económico financiera de la actividad requiere que se reconozcan los costos reales de la prestación y la utilidad requerida para mantener los servicios contratados, mediante tarifas pagas por la totalidad de los usuarios, siendo el estado quien asista, compense o subsidie en forma directa a quienes no puedan costearlas”, agregó el comunicado.

En ese sentido, el comunicado afirma: “Las compensaciones tarifarias y las asistencias mediante atributos sociales disimulan la realidad de ingresos insuficientes a causa de contratos incumplidos, recayendo sobre las empresas los riesgos, los costos y las responsabilidades legales, sin que el estado asuma las suyas, distorsionando los valores de los ingresos (tarifas) que resultan necesarios para el cumplimento de los compromisos propios de la actividad”.

“La actual situación económica y financiera del sector determina que las empresas no puedan cumplir en tiempo y forma con el pago de salarios y demás costos laborales, así como tampoco pueden atender la compra de combustibles a causa de los sucesivos incrementos en sus precios”, añadió la carta.

Por ese lado, el comunicado prosiguió: “Les resulta además inviable adquirir repuestos a valores expresados y cobrados en dólares billete; y tampoco pueden asumir el costo de los servicios públicos, ajustados mensualmente en porcentajes mayores a los que se aplican para actualizar los aportes del estado nacional y las tarifas”.

“La única respuesta posible a esta crítica situación es el respeto irrestricto a las cláusulas contractuales que determinan los valores de las tarifas sin aportes del estado, como legítima contraprestación por el servicio, en defecto de lo cual, e sistema del transporte público de pasajeros urbanos del interior se paralizará de modo irremediable”, concluyó.