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La obra social estatal para jubilados y pensionados, Programa de Atención Médica Integral (Pami), lanzó un comunicado en donde se pronunció y aclaró como continua su servicio ante los reportes de crisis en la venta de medicamentos de farmacias bonaerenses.
“Ante las noticias que reportan conflictos entre farmacias, obras sociales y prepagas, debido a los plazos de pago de ‘entre 60 a 90 días’, y el impacto que esto tiene en la rentabilidad del sector, es crucial aclarar que esta no es la situación del Pami”, consignó la obra social.
Y agregó: “Aunque desconocemos los plazos de pago de otras obras sociales y prepagas, es importante destacar que Pami efectúa los pagos en un plazo de tan solo 10 días, al cierre de cada quincena”.
Para ejemplificar su afirmación, el Pami indicó: “Por los medicamentos dispensados en la segunda quincena de octubre, que finalizó el 31 de octubre, las cámaras (sectoriales) recibirán este viernes 10 de noviembre un monto total de $10.822 millones”.
Destacó además que realiza esos pagos “a las entidades farmacéuticas, como COFA, Facaf, Fefara, Afmsra y Farmasur, y son estas entidades las que, a través de los colegios provinciales, efectúan los pagos a las farmacias. Desconocemos el plazo de pago de cada cámara a su socio”.
La obra social señaló en su comunicado que quiere “llevar tranquilidad a nuestras afiliadas y afiliados de todo el país ya que nuestros registros, que controlan diariamente el consumo de medicamentos en las farmacias, indican que ningún establecimiento ha suspendido la atención de Pami ni ha dejado de proveer los remedios para que las y los jubilados continúen sus tratamientos”.
En las últimas horas, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y la Confederación de Farmacias Bonaerenses (Cafabo) advirtieron que la inflación y la volatilidad de precios complicaron sus ventas con descuento porque reciben el pago por parte de las financiadoras 60 y 90 días más tarde.
“Hay cientos de farmacias comunitarias que suspendieron la dispensa de medicamentos por los descuentos (bonificaciones) que imponen las obras sociales y prepagas, y sus extensos plazos de pago” aseguraron desde las organizaciones.
Y en esa línea, aclararon que no se trata de una maniobra “comercial, política, ni especulativa”.
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