A través de un duro comunicado, varios intendentes de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires advirtieron que las demoras en el envío de fondos para obras públicas y seguridad “asfixian” a las economías municipales, afectando la calidad de vida de 6 millones de bonaerenses.
“Los intendentes de Juntos por el Cambio estamos en estado de alerta por el desfinanciamiento que sufren en la actualidad nuestros municipios, manifestamos nuestra gran preocupación por una parte por la demora en el pago de diversos conceptos”, destacaron.
A su vez, sostuvieron que hay incumplimiento de temas acordados a la hora de sancionar el presupuesto provincial y que se encuentran con demoras significativas, entre ellas por “la falta de pago a muchos municipios de aportes del tesoro provincial para compensar la caída de CUD (coparticipación), cuya cancelación estaba prevista en desembolsos para marzo y junio”.
También se detalló “el financiamiento por parte de los municipios de un porcentaje significativo de los Torneos Bonaerenses, la falta de cumplimiento de convenios celebrados para el funcionamiento de las policías en los distritos por parte del Ministerio de Seguridad (Fondo Municipal de Seguridad), o los que tienen que ver con las acciones planteadas en los convenios celebrados con el Ministerio de las Mujeres, por ejemplo”.
En ese sentido, cuestionaron la “excesiva intencionada burocracia y duplicidad de controles, sumada a la importante demora en el pago de los anticipos y/o certificados correspondientes, en un contexto de una altísima inflación que no para de crecer, que obliga en muchos casos a la paralización de obras comprometidas con la consecuente falta de respuestas a nuestros vecinos que esperan la ejecución y el cumplimiento de las mismas, a su vez que se ponen en riesgo miles de puestos de trabajo generados a partir de ellas”.
Por otra parte, se planteó “la insuficiente actualización del valor de las prestaciones abonadas por el IOMA y la demora en la cancelación de las mismas, que dificultan seriamente el normal funcionamiento de nuestros efectores de salud”, afectando seriamente las prestaciones que reciben los afiliados.
En cuanto al pago del bono, se graficó que “se toman medidas de manera unilateral que afectan el normal desenvolvimiento de nuestros municipios y que al no ser acompañadas con los recursos suficientes para hacer frente a dichas obligaciones también generan inconvenientes en los gobiernos locales, en un contexto de absoluta dificultad financiera”.
Los intendentes de Juntos por el Cambio apostaron a “la sana convivencia democrática, al diálogo y el consenso político, por lo que seguimos aguardando ser convocados a partir de nuestro pedido de audiencia del 7 del corriente mes”. “Apostamos a poder construir una provincia mejor para cada uno de los bonaerenses”, finalizaron.
Aunque en un principio eran 58 los jefes comunales firmantes, pasaron a ser una veintena; y en lugar de hacer el reclamo en las puertas de la Casa de Gobierno, el encuentro se quedó concentrado en el interior del Comité boina blanca dada la baja convocatoria del mismo.
Allí, hubo predominancia del PRO con la presencia de Camilo Echevarren (Dolores), Jorge Etcheverry (Lobos), Héctor Gay (Bahía Blanca), Pablo Petrecca (Junín), Mariano Barroso (Nueve de Julio); Martín Yeza (Pinamar), Javier Reynoso (Rivadavia), Vicente Gatica (Bragado), Mariano Uset (Coronel Rosales), Jaime Méndez (San Miguel), Ezequiel Galli (Olavarría) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero); mientras que por el lado de los radicales llegaron Maximiliano Suescún (Rauch), Franco Flexas (Gral Viamonte), Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino), José Luis Salomón (Saladillo), Alejandro Federico (Suipacha), Arnaldo Harispe (Lezama), Gonzalo Peluso (Magdalena) y Ramón Capra (Gral Alvear).