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Cronos Noticias » Municipios » 3 nov 2022 08:00

Fraude económico

Intendente y ex funcionario de Macri nuevamente complicado con un pedido de la Justicia

Ex ministro de Energía de la Nación es investigado de haber realizado medidas estatales tras la tenencia de acciones empresas beneficiadas.


  • Intendente y ex funcionario de Macri nuevamente complicado con un pedido de la Justicia

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Paloma Ochoa, fiscal federal, pidió a la jueza federal María Romilda Servini que amplíe la declaración a Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento, tras detectar que, al momento de dictar una resolución de aumento, el ex funcionario poseía acciones de YPF S.A., controlante de Metrogas S.A.

La fiscalía determinó que las acciones del ex funcionario público “evidenciaron su interés directo en beneficiar a las empresas distribuidoras de gas, garantizando un ingreso económico extraordinario y fraudulento en perjuicio de usuarios-consumidores y del propio Estado Nacional”.

La fiscal afirma que el 4 de octubre, cuando dictó la resolución, Iguacel “decidió deliberadamente violar los deberes y obligaciones” que le correspondían como secretario de Energía del Ministerio de Hacienda de la Nación, dado que tenía en su poder acciones de una empresa que obtendría beneficios con su decisión.

“Iguacel incurrió en falsedad al responder el requerimiento que le cursara la Oficina Anticorrupción pues, en sentido opuesto al que a la postre informara, al 31 de octubre de 2018 sí disponía de un conjunto de acciones de YPF S.A.”, expresa la fiscal en su dictamen.

La fiscal afirma que el ex funcionario presentó en dos ocasiones, declaraciones juradas ante la AFIP y la OA, relacionadas a sus patrimonios donde no se hizo mención de sus acciones en el caso de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Además de que Ochoa expresa que la Oficina Anticorrupción recibió el informe de que todas sus acciones fueron vendidas en su totalidad.

El 13 de agosto de 2019, en tanto, el exfuncionario presentó ante la OA su declaración jurada patrimonial integral correspondiente al año 2018 donde, según la investigación judicial, volvió a incurrir en la misma presunta falsedad.

La acusación inicial de la fiscalía cataloga la causa como acción de daños morales a "usuarios-consumidores, en cuya cabeza fijó la obligación de abonar un aumento tarifario indebido, como así también, subsidiariamente, en perjuicio del Estado Federal argentino que como garante de la prestación del servicio público también resultó abusiva e indebidamente obligado".

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