domingo 27 de noviembre de 2022 - Edición Nº2250
Cronos Noticias » Sociedad » 26 sep 2022 08:00

Argentina informal

Adicciones: la detención de "Teto" Medina puso el foco en un drama que pocos conocen

Reducción a la servidumbre, abandono de persona, estafa y explotación laboral, son hasta el momento las denuncias que pesan sobre el centro de rehabilitación de adictos ‘La Razón de vivir’.


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El último jueves a pedido del Dr. Daniel Ichazo, agente de la Unidad Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de Berazategui se realizaron 21 allanamientos simultáneos que culminaron con 17 demorados quienes, finalmente, fueron detenidos.

Los operativos se realizaron en Berazategui y Florencio Varela, en la zona sur del Conurbano bonaerense, y en el departamento de Punilla, en la provincia de Córdoba. Además, en el barrio de Palermo, en el domicilio del ex conductor de televisión Marcelo José ‘Teto’ Medina.

El expediente en el que interviene el Juzgado de Garantías N°8 de Florencio Varela, a cargo del Juez Adrián Villagra, está caratulado como "asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral".

"La investigación comenzó por denuncias de 10 víctimas que salieron de acá en los últimos seis meses”, declaró el fiscal Ichazo en uno de los predios de ‘La Razón de vivir’, ubicado en las calles 1 de Mayo y General Belgrano, en la localidad de Florencio Varela.

“Por los dichos de estas personas podemos afirmar que los internados vivían en un contexto de reducción a la servidumbre, trabajo forzoso y recibían medicación no controlada. Las víctimas sostuvieron que, a algunos, no a todos, se los medicaba. Además, trabajaban sin recibir remuneración a pesar que algunas familias pagaban una cuota para mantenerlos internados”, detalló el fiscal.

En sus declaraciones el Dr. Ichazo fue muy claro y estableció los motivos por los que solicitó los allanamientos y las detenciones. Es de esperar que, en los próximos días, luego de tomar las declaraciones indagatorias de todos los detenidos, alguno de ellos sea imputado por ejercicio ilegal de la medicina o algún médico será citado a declarar.

Respecto a los pagos que realizaban las familias de los internados, fuentes cercanas al expediente informaron que abonaban 5 mil pesos al ingresar y que la mensualidad oscilaba entre los 30 mil y los 80 mil pesos.

"Me hacían depositar dinero en un kiosco donde Rubén Ernesto D. era el encargado. Resulta que depositaba, depositaba y nunca alcanzaba. Mi hijo no tenía ni un jabón para bañarse", comentó una mujer que, en la puerta de la fiscalía, pedía el cierre definitivo del hogar.

Rubén Ernesto D. está sindicado como uno de los administradores de ‘La Razón de vivir’.

Organismos gubernamentales

“La denuncia inicial fue realizada de manera anónima el 20 de octubre de 2021, en ella se aseguraba que los jóvenes eran sometidos a extensas jornadas de trabajo y que vivían en condiciones indignas”, informó el Comité Ejecutivo de Lucha contra de la Trata y Explotación de Personas. “Los internados sufrían amenazas, malos tratos y un exhaustivo control de sus movimientos", aseguraron desde el Comité.

“Además de realizar la denuncia, mantuvimos reuniones con organismos de provincia y nación con poder de policía, a los fines de solicitar las inspecciones correspondientes", detallaron desde el organismo antes citado.

La titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), Gabriela Torres, aseguró que ‘La Razón de vivir’ no estaba habilitado por el área de fiscalización de la cartera de Salud de la provincia de Buenos Aires.

“El Sedronar y la Subsecretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud están interviniendo en los predios ubicados en la zona sur de la Provincia de Buenos Aires”, informó Torres.

 "Estamos evaluando a las personas que están ahí para derivarlas a lugares tanto de la provincia como de Sedronar, según su proceso, su evaluación psicológica y lugar de residencia", explicó la funcionaria. "Desde que intervino la Justicia, hay un equipo de nuestra Secretaría trabajando en el lugar junto a la provincia de Buenos Aires", agregó la burócrata.

La intervención del Sedronar no fue bien recibida por muchos de los familiares de los internados y así se lo hicieron saber al Dr. Ichazo. El fiscal habló con aquellos que se congregaron en la puerta de ‘La Razón de vivir’, unas 60 personas, a quienes trató de explicarles que era lo que sucedía y les pidió que lo dejaran hacer su trabajo. Durante el tenso ida y vuelta, sus interlocutores desmintieron las denuncias y le pidieron que no cierre el hogar.

Las familias

En la puerta de ‘La Razón de vivir’ todo era angustia; padres y abuelos, hermanos, parejas y hasta hijos, querían saber que iba a pasar con el familiar que estaba del otro lado de las alambradas. Necesitaban escuchar una voz oficial y el fiscal Ichazo decidió, de manera acertada, ser esa voz.

Como era de esperar lo recibieron con un coro de reclamos y pedidos, también le aseguraron de forma unánime que “los chicos están bien en el hogar, queremos que continúen en la institución”.

"Usted es fiscal, si yo me llevó a mi hijo y vuelve a la calle para drogarse, ¿yo qué hago? Eso para mí es un retroceso", le dijo una mujer. “Me encantaría responder eso, pero no puedo”, atinó a decir Ichazo.

"Mi hijo tiene 18 años y está internado hace un mes, acá me ofrecieron rehabilitarlo sin pastillas ni medicaciones, no como hacen en otros lados. Acá hacen terapias, juegan al fútbol. Mi hijo empezó a estudiar primer año, hacen carpintería, son atendidos por una psicóloga y un psiquiatra, tiene la contención de sus mismos compañeros", relató una madre desesperada.

Mercedes, tiene internado a su hijo y contó su experiencia. “Cuando lo visitaba me decía que no se quería ir de allí, que de esto salen todos juntos (con sus compañeros) y que lo tratan bien. Yo lo veo bien, con una sonrisa de oreja a oreja y los chicos tienen una contención excelente acá", afirmó la mujer, visiblemente afigida.

Otro momento destacado se dio cuando un familiar preguntó si estaba la Sedronar, y ante la repuesta afirmativa del fiscal Ichazo, los presentes gritaron al unísono "no, no queremos a la Sedronar".

“Mi hermano se murió cuando lo tratamos a través del Sedronar”, aulló una mujer.

El fiscal les pidió tiempo para poder hablar con las personas internadas y les aseguró que, junto a ellos y las autoridades, iba a determinar a qué lugares sería derivado cada uno de los internados. "Nadie se va a ir de acá obligado o contra su voluntad, pero deben comprender que este lugar no está habilitado para funcionar", les recalcó.

Al ser consultado sobre la reunión que mantuvo con las familias, el titular de la Unidad Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, dijo: "Tengamos en cuenta que estamos hablando de una patología que arrasa a la comunidad, donde los recursos simbólicos y la situación de vulnerabilidad en que se encuentran la familia y los chicos, hace que algunos quieran dejar a su hijo o hermano donde cree que está siendo rehabilitado, y no es así", sentenció Ichazo.

El viernes, entre quienes se acercaron a apoyar a los detenidos a la puerta de la fiscalía, se pudo individualizar a algunos que piden el cierre definitivo de ‘La Razón de vivir’. La madre de un joven que estuvo internado en uno de los predios bonaerenses, y es parte de la causa abierta, aceptó hablar con el periodismo pero manteniendo su identidad en reserva.

“Hay familias que defienden el lugar porque no tienen dónde dejar a los chicos”, opinó. "Es mentira que tenían 14 profesionales trabajando en la organización, los chicos no tenían comida, ni agua para bañarse, ni asistencia médica”, aseguró.

"No saben dónde llevar a los chicos, es entendible. Pero también tienen que darse cuenta que no tienen que vivir en estas condiciones”, aseguró la mujer. “Son jóvenes que están enfermos y necesitan una vida digna", agregó.

"Todo lo que promocionaban era una mentira. Decían que tenían 14 profesionales y no es así, no tenían comida, no tenían agua para bañarse, no tenían asistencia médica, no tenían asistencia psicológica", enumeró la madre que afirma haber denunciado los malos manejos de ‘La Razón de vivir’. “Mi hijo no tuvo progresos durante su internación, en un año solo vio dos veces a la psicóloga", apuntó.

Sobre el funcionamiento de este tipo de instituciones, la titular del Sedronar, Gabriela Torres, dijo que: "hay muchos lugares que son para tratamiento de consumos problemáticos que no tienen ninguna habilitación".

"Es muy importante que las personas que necesiten un tratamiento por problemas de consumo, o allegadas a ellas, se informen sobre los centros habilitados. Muchas veces por falta de conocimiento acuden a cualquier lugar. En la Sedronar tenemos centros ambulatorios y convenios con otros que funcionan como comunidades, donde pueden ser internados", remarcó Torres.

"Debemos entender que los problemas de consumo necesitan de una intervención compleja, de un equipo técnico, personas cercanas, una red que mire un tiempo de internación", indicó la funcionaria.

Especialistas en toxicología y consumos problemáticos explicaron el funcionamiento de las comunidades terapéuticas. "Hacen que el paciente conviva en un espacio donde se aleja del ámbito de consumo y, aunque deben contar con acompañamiento profesional de psicólogos, psiquiatras y médicos clínicos, existen otros espacios en donde se manejan a través de grupos de pares”, detallaron.

La Razón de vivir

Al momento de producirse los allanamientos, se contaron cincuenta hombres internados en el predio instalado en el barrio San Rudesindo, ubicado en las calles 1 de Mayo y General Belgrano, en la localidad de Florencio Varela.

"El terreno de la comunidad pertenece a una empresa de agro-tóxicos que lo utilizaba para deshacerse de sus residuos”, comentó uno de los pocos vecinos que hay en la zona.  “Ahora se instaló esta gente y se los ve bien a los chicos”, agregó.

Los otros centros que pertenecen a ‘La Razón de vivir’, están ubicados en Florencio Varela, en la ruta 53, del barrio El Tropezón, y en la provincia de Córdoba.

Luego de que el fiscal Ichazo ordenó la detención de los titulares de la comunidad terapéutica, seis jóvenes que se rehabilitaron en la institución se hicieron cargo de ella. Catriel es uno de ellos y asumió el rol de vocero del grupo. "Los chicos están tranquilos, cumpliendo sus actividades como corresponde, ya pasó lo peor", aseguró.

"Lo peor fue vivir el allanamiento, tener patrulleros adentro como si los chicos hubieran cometido algún delito", dijo Catriel. “La situación se está normalizando, los chicos recién se despertaron. El grupo de los rehabilitados está unido y vamos a tratar de sacar esto adelante", aseguró el día viernes.

¿Quiénes son los investigados por el Ministerio Público Fiscal?

Según consta en la denuncia, el rol de director general lo tiene Néstor Ezequiel Zelaya. Para fiscalía era el encargado de "coordinar la asociación; establecía contactos y realizaba apariciones en los medios de comunicación. Además, fijaba los aranceles a cobrar a las víctimas y sus familias; coordinaba la internación de nuevas víctimas; indicaba cómo debían ser las condiciones de servidumbre y trato, incluido el sistema de castigos y la prohibición de salir del establecimiento; indicaba la forma, condiciones y tipo de trabajos forzosos", entre otras tareas, detalla la acusación.

Además, se lo acusa de elaborar "los discursos con promesas falsas que debían transmitirse para captar víctimas; evitaba que los pacientes tuvieran acceso a un sistema de salud y medicación prescrita por un médico autorizado, si eso ponía en peligro la continuidad de la actividad. Por último, determinaba cuándo podían egresar las víctimas de forma definitiva", consta en la denuncia.

Para los investigadores, Eduardo Humberto Zelaya, Mariano Jorge T. y Jorge Alberto B., eran quienes dirigían las tres sedes.

Estos dos últimos debían "ejecutar las órdenes del director general (Zelaya); controlar a las víctimas y a los operadores-coordinadores; comunicar las promesas engañosas y cobrar los aranceles. Controlar la quita de medicación que pudieran tener las víctimas al ingresar; persuadir a las familias para que no soliciten su externación; evitar que las víctimas cuenten a sus familias las condiciones de su servidumbre y trabajo forzoso. También debían recapturar a las víctimas en el caso de huida; hacer que algunas víctimas ingieran medicamentos sin prescripción médica, ejercer violencia física, psicológica y simbólica sobre las mismas y ejecutar los castigos impuestos a ellas", describe la acusación.

La administración supuestamente era ejercida por Rosana Elizabeth G. y Rubén Ernesto D. Los operadores-coordinadores serían: Matías Nicolás D., Emilio David N., Martín Ezequiel A., Alfredo Martín C., Damián Alberto F. y Federico R.

La tarea que los operadores supuestamente realizaban, consistía “en asegurar la presencia de uno de ellos todos los días y a toda hora para controlar las acciones de las víctimas; custodiar el acopio de medicamentos; controlar las visitas, comunicaciones y llamados de las víctimas con sus familias. También se los señala como quienes ejecutaban y controlaban los castigos; informaban a los directores las manifestaciones negativas de las víctimas y serían quienes reprimían públicamente o castigaban a los díscolos. También, dice el expediente, controlaban la ejecución de los trabajos forzosos y las condiciones de servidumbre de las víctimas".

La publicidad mediática y en redes sociales era ejercida por Marcelo José "Teto" Medina, "quien era la cara visible y pública de la asociación junto a Néstor Zelaya, simulando que la misma tenía una actividad lícita para captar más víctimas y perpetuar su impunidad a lo largo del tiempo, además de valerse de las redes sociales propias para captar más víctimas y proveer de material multimedia para las redes sociales de la asociación. Además, lo acusan de mantener contacto semanal con las víctimas para fortalecer su sometimiento y reducción a la servidumbre ", se afirma en la denuncia. Medina fue uno de los tres imputados que aceptó prestar declaración indagatoria el último viernes. 

La organización habría contado con cobertura policial, ejercida por Tatiana Lorena L., "quien se valía de su condición de personal policial en el partido de Florencia Varela, para imponer temor y violencia psicológica sobre las víctimas y evitar que intenten huir o resistirse a la servidumbre y los trabajos forzosos", detalla el expediente

El rol de psicólogas lo habrían llevado adelante por Fabiana Edith C. y Valeria Fernanda M., quienes "ejercían actos propios de la profesión de licenciadas en psicología sin poseer el título ni la autorización correspondiente para perpetuar en el tiempo la explotación laboral y servil de las víctimas", se sostiene en la causa.

El rol de captación de víctimas lo habría tenido Sonia Elizabeth C., "quien contactaba posibles víctimas por distintos medios", dice la denuncia.

"Además de los testimonios que brindaron ex pacientes, la investigación se sostiene con seis meses de escuchas telefónicas", dejaron trascender fuentes judiciales. "Los sospechosos participaban de un grupo de WhatsApp desde el cual se pudo rescatar información muy importante para el avance de la pesquisa", agregaron los voceros.

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