Martín Ordoqui: las razones que pusieron al poderoso juez en el banquillo de los acusados

Este lunes 5 de septiembre se conocerá el veredicto del juicio político que se lleva adelante contra el juez Martín Manuel Ordoqui, suspendido por la Corte Suprema bonaerense en agosto de 2018 y finalmente apartado desde diciembre de ese año.

Si el Tribunal falla en su contra, será el primer magistrado del máximo tribunal penal bonaerense en ser destituido del Poder Judicial. Y por ello, perderá sus privilegios e inmunidades.

Martín Ordoqui enfrenta dos procesos penales: en el primero está imputado en la causa conocida como “La Banda del juez”, por la que está detenido el ex magistrado César Melazo.

En el otro, la fiscal Betina Lacki, lo acusa de ser el responsable de una asociación ilícita que asesoraba y otorgaba beneficios a detenidos a cambio de dinero. Si este lunes pierde sus fueros, deberá prestar declaración indagatoria por esta causa y, seguramente, acabará detenido.

La génesis de la investigación

En el inicio de la primera audiencia del jury, Martín Ordoqui tomó la palabra y entre otras cosas afirmó varias veces que no conocía más que por nombre y de vista, al ex Juez César Melazo.

Hasta el momento la justicia no ha podido probar lo contrario, pero en el expediente instruido por la Dra. Lacki, hay conversaciones y fotos que probarían el vínculo indirecto entre ambos jueces, a través de algunos de los acusados por la fiscal.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción N°2, afirman que el operador judicial Enrique “Quique” Petrullo, sería el nexo entre Ordoqui y algunos de los nombres vinculados a la causa de Melazo. Petrullo habría logrado por su intermediación que el magistrado de la Sala V de Casación Penal, le otorgara la prisión domiciliaria y una tobillera electrónica, a un detenido llamado Javier Ronco.

Este sujeto está detenido con prisión preventiva y a la espera del juicio oral por dos causas: la primera porque sería integrante de “La Banda del juez”. La segunda, por la que podrían haber negociado la pulsera electrónica, o el “Rolex”, como la llamarían Ordoqui y Petrullo, según consta en una escucha telefónica, es por un doble homicidio. El 5 de agosto de 2008 asesinaron a Carlos Rodríguez y su pareja María Martini.

A partir de la investigación llevada adelante por la DDI de La Plata, se reconstruyó que el hombre se habría dedicado al robo en viviendas y oficinas, y que todo lo obtenido lo invertía en la compra de autos. “Los vehículos los dejaba en consignación en una agencia de 38 entre 139 y 140, que era propiedad de Javier Ronco”, afirman fuentes judiciales.

Los investigadores creen que una diferencia por el dinero en que se habrían vendido los autos, podría haber sido la causa de los homicidios.

Estas muertes fueron investigadas por el ex fiscal Tomás Morán, quien hoy está detenido por una denuncia por soborno, hecha por el propio Ronco. Durante la instrucción, al acusado del doble crimen lo beneficiaron con la prisión domiciliaria y la tobillera electrónica. Según escuchas telefónicas, pagó cerca de medio millón de pesos para salir de la cárcel.

Este sujeto es cuñado de Rubén “Tucumano” Herrera, quien es señalado por la justicia como un ex jefe de la barra brava del club Estudiantes de La Plata. Además, es dueño de dos boliches y socio de Melazo en un emprendimiento inmobiliario.

Cuando la Dra. Betina Lacki llegó en 2014 a la UFI Nro. 2, en lugar del citado Morán que había sido trasladado a la Fiscalía de Flagrancia, recibió la visita de familiares de un hombre llamado Juan Farías, que había sido asesinado en 2010.

La causa se tramitaba en esa dependencia y había sido elevada a juicio, por el Juez de Garantías César Melazo.

Durante la investigación de ese homicidio, se habría revelado que Farías podría haber pertenecido a la “Banda del juez” y que la motivación de su muerte pudo haber sido un ajuste de cuentas. La fiscal inició una nueva instrucción y en el camino descubrió a una presunta organización criminal de la que participaban: policías y jueces, narcos y lobistas, ladrones, sicarios y barras bravas.

Por las escuchas de esta nueva pesquisa, la fiscalía le quitó la pulsera a Ronco y lo devolvió a la cárcel. En los allanamientos que derivaron de esas escuchas, la Dra. Lacki recabó información fundamental para la instrucción de la causa y la detención de los sospechosos de integrar la “Banda del juez”.

En esas mismas intervenciones telefónicas, dijo la fiscal Lacki en su declaración ante el Tribunal que lleva adelante el jury, se escuchó a Ronco quejarse de que no podía salir a robar por la pulsera que monitoreaba sus movimientos. Además, hacía comentarios sobre un hombre al que identificaba como “El tío”, según consta en el expediente se refería a Martín Ordoqui, que lo podría beneficiar a cambio de dinero.

Luego la Suprema Corte provincial le envió una denuncia para que indague sobre el posible pago de sobornos en el Tribunal de Casación, para que detenidos obtengan beneficios como prisiones domiciliarias o excarcelaciones.

“En ambas causas se repitió el mismo juez: Martín Ordoqui”, afirmaron fuentes judiciales.

La denuncia que había recibido la fiscal Lacki, la habían realizado magistrados de Cañuelas ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. La acusación tenía el nombre de un sujeto que había purgado una condena de más de 7 años por ser parte de una banda de ladrones rurales, que actuaba en la zona de Brandsen a fines de los años 90: Ariel Heine.

Cuando recuperó la libertad, nuevamente habría dado un mal paso: “Lo procesaron por usurpar campos y casas en San Vicente, que luego vendía en inmobiliarias que había montado”, detallaron fuentes de la investigación.

Lo detuvieron en mayo de 2012 y días después se escapó de la Comisaría de San Miguel del Monte. Se mantuvo prófugo y habría continuado con los negocios inmobiliarios hasta que lo atraparon en 2013.

A partir de ese momento, Heine le encargó a Lidia Perno, su empleada, que se encargue de la inmobiliaria que había abierto en Adrogué.

Perno: la encargada de los negocios y las negociaciones

Conoció a Heine en prisión, durante las visitas que le hacía a su hermano y fue él quien se lo presentó. Poco tiempo después, el hombre le ofreció trabajar para él en sus empresas del rubro inmobiliario, para que se haga cargo de encauzar la administración y los movimientos de dinero.

A partir de la relación laboral que construyeron, Heine le pide que encuentre la manera de sacarlo de la cárcel.

La justicia sospecha que fue Enrique Petrullo quien habría asesorado a la empleada, para que gestionara un beneficio para Heine con Ordoqui. El habría articulado las negociaciones con los abogados y el camarista a través de WhatsApp o Telegram. Y es en los chats que quedaron grabados en su celular, que habría pruebas comprometedoras para los acusados.

Los jueces de Cañuelas que habían denunciado las maniobras y vigilaban estos movimientos, los comunicaron a la Corte Suprema que le trasladó la información a la fiscal Betina Lacki. “Ordoqui está libre porque tiene fueros”, sostienen en los tribunales platenses.

Ariel Heine tenía un abogado defensor, el Dr. Mariano Pomares, quien intentó sacar a su cliente de la cárcel utilizando todos sus conocimientos legales para tal fin. Heine finalmente obtuvo el beneficio del arresto domiciliario, pero en el medio pasaron cosas.

El defensor había acordado en el marco de un juicio abreviado, una pena de siete años y medio de prisión con el entonces fiscal de juicio Rubén Sarlo, pero éste se jubiló y el acuerdo no se firmó. El fiscal que llegó en su reemplazo se negó a rubricarlo porque considero que la pena era insuficiente. Le propuso a Pomares que su cliente purgue una pena de 10 años.

El nuevo escenario enloqueció a Heine, que habría amenazado a su representante legal porque no lo había sacado de prisión. La situación asustó mucho al defensor, según dijo durante las audiencias del jury.

El detenido llevaba cuatro años preso con prisión preventiva y su defensa presentó un habeas corpus originario en Casación que quedó en la Sala V de Ordoqui. Mientras buscaba que la presentación tuviera una resolución favorable para su asistido, conoció a Lidia Perna quien había sido enviada por su jefe.

Los dos se reunieron en el bar Almendra con el ya retirado fiscal Sarlo. Pomares había concurrido en varias ocasiones a preguntar por la resolución del habeas corpus, pero no había obtenido respuesta.

“Le pedí a Sarlo que vaya a la Cámara a preguntar qué estaba pasando, y volvió con la presunta respuesta de Ordoqui: “Se le voló el techo del quincho y necesita 20 mil dólares para arreglarlo”, declaró el abogado en la audiencia. “La respuesta que le di fue instantánea, que sorete”, repitió en el tribunal.

El letrado Alejandro Montone, defensor de Ordoqui, le preguntó al declarante si le constaba que Sarlo había hablado directamente con el acusado. La respuesta, como esperaba la defensa fue que no: “En la reunión que hicimos en el café, no tuve ningún elemento más allá de la palabra de Sarlo”, dijo Pomares.

La rubia: la negociadora del magistrado

En 2018, la fiscal Betina Lacki acusó a Martín Ordoqui de formar parte de la denominada “Banda del juez”. Esa no es la única acusación por presunta asociación ilícita contra el camarista. Al descifrar las mencionadas escuchas, en las que utilizaban apodos y códigos, la acusadora inició el expediente 038072-18/00, con el que comenzó una investigación contra: el juez, su secretaria privada María Eugenia Mercado “la rubia” y Enrique Petrullo.

La justicia sospecha que formaban parte de “una asociación cuya finalidad era mejorar la situación de personas sometidas a procesos penales”. Pero no son los únicos, en el expediente se nombra a otras personas: los abogados Alejandro Timorín, Ricardo y Julián Ducid y el financista empresario del transporte Gabriel Casinotti. Todos están imputados por pertenecer a una asociación ilícita.

La acusación contra el magistrado del tribunal de casación, incluye el asesoramiento a los reos para que estos hagan el pedido de beneficios y que no se los rechazaran.

“Existe una escucha telefónica en la que el magistrado explicó cómo debía realizarse la presentación ante el Tribunal de Casación”, se detalló en el expediente.

El 29 de agosto de 2018, la Corte provincial suspendió a Ordoqui por 90 días y en diciembre lo extendió por otros 90 días. Lo mismo ocurrió con su secretaria María Eugenia Mercado, actualmente con prisión domiciliaria, y desde entonces les retienen el 40% de sus salarios que siguen percibiendo.

Para la justicia, la operadora del titular de la Sala V de Casación, es su secretaria, "la rubia". Las sospechas comenzaron cuando su nombre, teléfono y correo electrónico, apareció en los chats de los teléfonos de Ducid y Petrullo.

Ariel Heine, nuevamente detenido en una cárcel, prometió compensar la pérdida salarial de Mercado. Para ello envió a Lidia Perno, quien fue la primera testigo arrepentida en la historia judicial de La Plata. La mujer aportó información valiosa para la Justicia platense.

Su declaración se dio frente a la fiscal Lacky, luego de haber sido detenida junto a su marido Pablo Daniel Varela, en 2019. En su testimonio, que hace pocos días repitió en el Tribunal que juzga a Ordoqui, contó cómo le entregó a Mercado una importante suma de dinero luego de que ésta fuera suspendida.

El juez había convenido con Heine y Perna la entrega de unos 30 mil pesos mensuales. Este arreglo se cumplió sólo una vez y todos fueron detenidos pocos días después. El dinero fue entregado en una cartera Jackie Smith, la misma marca de mochilas que Perna le había regalado anteriormente.

“Es posible que los regalos que le dieron, fueron a pedido del juez”, informó un investigador.

La entrega se hizo en un bar ubicado en diagonal 74 y 19, además de las mujeres se encontraban Ordoqui y Pablo Varela. La testigo arrepentida aseguró durante el jury que, para las fiestas del año 2017, le regaló al juez Ordoqui un par de gemelos y un chaleco que compró en un costoso local de ropa masculina en La Plata.

Aportó los registros bancarios y la documentación que respalda su versión”, aseguraron fuentes cercanas al tribunal. “También le regaló un teléfono celular de alta gama”, continuaron las fuentes.

Se sospecha que Ordoqui y Mercado recibieron dinero y suntuosos regalos a cambio de otorgar el arresto domiciliario a Heine, quien actualmente cumple una condena a 14 años de prisión. La justicia estima que en el acercamiento entre las partes habría participado Enrique Petrullo, quien está detenido y acusado de ser integrante de la “Banda del juez”.

Durante las audiencias que se llevan adelante en el edificio Alberto Ballestrini, Anexo de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, el juez acusado admitió que “fue un error”, visitar a Heine mientras se encontraba detenido en el penal de Olmos.

El suspendido Juez Martín Ordoqui, participó directamente de su defensa junto al abogado Alejandro Montone. “Esa decisión siempre le da un plus a quien está enfrentando un proceso penal, nadie mejor que el acusado conoce los hechos y las pruebas”, aseguró un destacado jurista.

Quienes testificaron a favor del acusado, son sus colegas de la Cámara de Casación penal bonaerense. Los doctores Daniel Carral y Víctor Violini, defendieron a Ordoqui.

En las próximas horas el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte-Grand y Martín Manuel Ordoqui, junto a su abogado Alejandro Montone, escucharán el veredicto al que llegaron los 11 miembros del Tribunal que fue precedido por la jueza de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan.

El resto de los integrantes fueron los abogados Juan Emilio Spinelli, Diego Paulo Isabella, Ricardo Farris, Hugo Galderisi y Fulvio Santarelli. Completan el cuerpo los conjueces legisladores Daniel Lipovetzky, Abigail Gómez y María Eugenia Brizzi en representación de la Cámara de Diputados, mientras que el Senado es representado por Nidia Moirano y Gabriela Demaría.