El Municipio de Azul y una polémica resolución que despertó la furia del sector inmobiliario

Tras la firma de una ordenanza que cuenta con el aval del intendente de Azul, Hernán Bertellys, y el Concejo deliberante local, se prohibió la publicidad de inmobiliarias en la vía pública, lo que generó el repudio del sector inmobiliario que argumenta que la decisión va en contra de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) y el Código Civil y Comercial.  

En cuanto a esto, la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) advirtió que en caso de que la Municipalidad de Azul no de marcha atrás con esta resolución, llevarán adelante una denuncia incurrir presuntamente “en responsabilidad civil patrimonial, al igual que los concejales en forma personal, porque los daños que ya están causando son mensurables económicamente y de muy fácil prueba en sede judicial”.

La ordenanza data de 2019 y sostiene: “Prohibir, en el ámbito del partido de Azul, la publicidad en la vía pública de negocios inmobiliarios bajo la forma de representación de franquicias”. Al tiempo que también determina “la remoción inmediata de publicidad de este tipo ya existente”.

Un antecedente similar ocurrió con el Colegio de Corredores Inmobiliarios porteño (CUCICBA), quienes denunciaron a la empresa RE/MAX por ejercer “una actividad ilícita” ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Asimismo, desde el sector inmobiliario denuncian que el Colegio de Martilleros porteño, el Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires y la mayoría de los colegios distritales bonaerenses alentaron la prohibición.

Sobre esto, Mariano García Malbrán, titular de CAMESI, sostuvo: “La resolución de la IGJ fue rechazada por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, con expresa imposición de costas. Esto cambia absolutamente el panorama de las ordenanzas, que ya eran ilegales porque son contrarias a la Ley Orgánica de las Municipalidades al legislar sobre aspectos y cuestiones que van más allá de su competencia”.

Además, agregó: “Ahora este fallo de la Cámara Nacional deja a los Municipios y a los concejales en un riesgo legal de exposición patrimonial enorme. Y la realidad es que están causando un daño muy importante, no solamente a la industria inmobiliaria, sino también a la de la publicidad”.

“Los municipios van a ser responsables patrimonialmente por daños y perjuicios civiles. Estas acciones serán iniciadas por los corredores inmobiliarios que contrataron los servicios de las marcas y tuvieron un daño patrimonial enorme, derivado de una ordenanza ilegal. Asimismo, las asociaciones de publicistas se encuentran analizando el mismo camino”, presentó García Malbrán.

Finalmente, argumentó: “Los concejales podrán recibir cargos patrimoniales por su responsabilidad personal frente al Estado, porque se basaron en una resolución administrativa de un organismo del Poder Ejecutivo que aún no se encontraba firme para prohibir la actividad comercial de empresas que prestan un servicio absolutamente legal y que genera muchos puestos de trabajo e ingresos económicos de manera directa e indirecta”.