Diputada oficialista apuntó contra Conte Grand y lo tildó de “corrupto”

El Procurador bonaerense, ex funcionarios del gobierno de Cambiemos y un fiscal, recibieron una denuncia de parte de la diputada provincial del Frente de Todos, Susana González, por encubrir delitos de corrupción por una cifra de US$ 95 millones.

La legisladora peronista realizó un pedido ante la justicia penal para que se investigue al funcionario y seis personas, señalando la comisión de los delitos de malversación de fondos y fraude contra la administración pública, a través de fondos “destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas”.

Por otra parte, la demanda también va dirigida al fiscal Juan Cruz Condomí; el extitular del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila; a los exfuncionarios de Procuración, Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés y al excoordinador de Seguridad y Jefe de RRHH del astillero, Ricardo René López.

Según explicó la diputada kirchnerista, la presentación persigue el siguiente objetivo: “Apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores contra trabajadores del Astillero y representantes gremiales, en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal".

En esta línea, realiza una acusación contra los nombrados por "exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico de influencias y asociación ilícita".

Además, en relación a los hechos contados, la funcionaria dijo: “Se realizaron en connivencia entre quienes eran funcionarios del Poder Ejecutivo, funcionarios de la Procuración General, Agentes Fiscales”, evidenciando “la participación principal del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, junto a integrantes del Ministerio Público y Procuración General”.

González, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, expresó que los hechos denunciados se contextualizan en el entramado de persecución política y judicial conocido como “mesa judicial” o “Gestapo antisindical”. A dicho entramado lo calificó de esta manera: “Un plan de acción, coordinado, entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y provincial que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecución de opositores políticos, y el disciplinamiento de fiscales otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión”.

En relación al hecho concreto mencionado, describió: “Un hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la AFI y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero Río Santiago”.

Al ofrecer detalles sobre la participación del fiscal Condomí Alcorta, González sostuvo: “Decidió ir por los sindicalistas de ATE y no investigar un acto de corrupción que comprometía a Cambiemos”, y consideró que se trata de “un hecho de corrupción probado mediante pericia de la Prefectura Naval, que incluía a los interventores del Astillero Rio Santiago y a los Agentes de la AFI, por unos 95 millones de dólares”.

A través de su denuncia ante el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, la diputada nacida en Ensenada exclamó sobre la pericia: “Demuestra que malversaron U$S 95 millones que estaban destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas".

Además, en la propia denuncia se agrega el informe técnico de la Prefectura Naval Argentina, sumado al informe de los contadores en la visita a las instalaciones del Astillero Río Santiago, producido en el año 2019.

Tales pericias, argumenta, se expresan en un contrato ejecutado entre Astilleros y una sociedad off shore, mediante la compra de Planchas y Perfiles de Acero que iban destinados a la construcción de 2 buques, representando una cifra aproximada de 95 millones de dólares.