El liberalismo bonaerense busca que delitos sexuales se juzguen en juicios por jurados

En el marco del 8 de marzo, Guillermo Castello, diputado provincial por Avanza Libertad, presentó un proyecto de ley en la Cámara baja de la Legislatura bonaerense para que se contemple obligatoriamente el juzgamiento de los delitos sexuales por juicio de jurados.

El legislador presentó en sus redes sociales: “En este 8 de Marzo 2022 mientras algunos declaman y festejan, nosotros hacemos. Hoy presentamos un proyecto para que los delitos contra la integridad sexual sean obligatoriamente juzgados por juicio por jurados”.

En el escrito, Castello explicó que los juicios por jurados se encuentran contemplados en la Constitución Nacional, en sus artículos 24, 75 inciso 12, y 118. Además, la provincia de Buenos Aires cuando con una reglamentación para esta modalidad de juicio, junto con otros 10 distritos: Chaco, Neuquén, Río Negro, Córdoba, Chubut, San Juan, Entre Ríos, Catamarca, Mendoza y CABA.

A su vez, argumentó “los delitos sexuales en particular generan un rechazo social unánime en virtud de los gravísimos daños de todo orden que causan a las víctimas y sus allegados, daños de los que muchas veces no se pueden recuperar en toda su vida”.

“Los estragos físicos, psíquicos, sociales, intelectuales, relacionales y de todo tipo que ocasionan tan deplorables delitos, hipersensibilizan a la sociedad, exacerban los reclamos de Justicia y amplifican el escrutinio ciudadano sobre el proceso penal y la imposición de penas a los responsables”, expresó.

Por su parte, sostuvo que la aplicación de este tipo de juicios “luce como el camino más eficaz para eliminar los recelos que, con mucha razón, tiene la comunidad hacia la Justicia Penal”, y agregó: “Realza la legitimidad de las decisiones que se tomen, que ya no estarán en cabeza de magistrados inaccesibles en el imaginario popular, sino de ciudadanos comunes a los que no se les podrá reprochar desaprensión alguna”.

También, afirmó que esta modalidad “redunda en una mayor publicidad de los delitos y sus autores, una menor sensación de impunidad, una mayor credibilidad en el sistema judicial y, en general, una mayor legitimidad ciudadana de los veredictos, sean estos de culpabilidad o de inocencia”.

Entre otros puntos, destacó “el efecto disuasivo que el sistema acarrearía por la condena social que conlleva el enjuiciamiento popular, lo que innegablemente hará reflexionar a más de uno antes de cometer delitos tan atroces”.