Alberto Fernández pidió a la Justicia investigar la “mesa judicial vidalista”

El primer mandatario nacional, Alberto Fernández, se sumó a la discusión sobre las declaraciones de Marcelo Villegas, exministro de Trabajo bonaerense, sobre la “Gestapo” sindical, y pidió que se investiguen las supuestas escuchas y causas contra sindicalistas. Además, habló sobre otra denuncia similar que realizó el Gobierno nacional hace dos años.  

Mediante su cuenta de Twitter, Fernández expresó: “La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores”.

También, hizo mención a una denuncia realizada en el inicio de la gestión actual, donde se denunció “la existencia de más de 100 celulares encriptados provistos por la AFI”. Entre estos celulares, según lo que denunció el mandatario, se encontraban dirigentes políticos, fiscales y empresarios.

En esta lista, se encuentran dos nombres en la mira de este escándalo: María Eugenia Vidal, la exgobernadora provincial; y Julio Conte Grand, procurador de la Provincia. Sin embargo, también nombró a Daniel Angelici, expresidente de Boca; Gustavo Ferrari, exministro de Justicia bonaerense; Nicolás Caputo, empresario; y Martín Ocampo, exfiscal General de CABA.

Asimismo, el presidente reflexionó: “¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en “operador judicial”?”

“Esas preguntas exigen una respuesta. El uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones crimínales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible”, añadió.

También, volvió a hacer hincapié en que la Justicia investigue estos hechos que “dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución”, así como “dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos”.

Finalmente, concluyó: “He impuesto a la intervención de la AFI, el deber de poner al servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales. Así lo hace hoy. Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista, revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática”.