Allanaron el puesto policial en Villarino donde habían encontrado objetos de Facundo Astudillo Castro

Hoy se concretó un nuevo avance en la investigación por la causa de "desaparición forzada" de Facundo Astudillo Castro, cuando en horas de la mañana se llevó adelante el allanamiento a la comisaria de la localidad bonaerense de Teniente Origone, partido de Villarino, donde el joven fue visto por última vez. 

Fue en dicho destacamento done hallaron un amuleto que aparentemente le pertenecía.

La medida fue autorizada por la Cámara Federal de Bahía Blanca y ordenada luego por el juez federal Walter López Da Silva, quien reemplaza interinamente a la magistrada que interviene en la causa, María Gabriela Marrón, luego de que esta pidiera licencia. En el procedimiento participaron también abogados y peritos de la querella y especialistas de la Gendarmería Nacional.

La medida había sido solicitado desde el 1° de octubre pasado por los fiscales Heim y Azzolín, pero la jueza Marrón rechazó el pedido. Esto llevó a que los representantes del MPF apelaran la decisión e interpusieran luego una queja. A partir de esto, la Cámara Federal admitió primero la queja y luego, en una resolución que se conoció el viernes pasado, hizo lugar parcialmente al recurso y ordenó el allanamiento.

Este impulso no es nuevo. La autopsia llevada a cabo en octubre por el Equipo de Antropología Forense con un diagnóstico de asfixia por sumersión no pudo determinar si Facundo fue asesinado, murió por accidente o se quitó la vida. Los fiscales, en privado, tenían sus sospechas. Así, fueron adelante con el caso.

El procedimiento en Origone, con levantamiento de rastros por luz ultravioleta, luego por luminol y con la participación de canes, llevará varias horas, según confirmaron fuentes del expediente a Infobae.

El objetivo es hallar posibles signos o elementos que pudieran haber pertenecido a Facundo Astudillo Castro o rastros de su presencia en el lugar a partir del 30 de abril de 2020, último día en que fue visto con vida. De acuerdo con lo que se pudo reconstruir en la causa, Facundo habría sido interceptado ese día en un control policial en la localidad de Mayor Buratovich, en medio de la cuarentena estricta que regía en todo el país por esa fecha, donde fue fotografiado y horas más tarde habría sido interceptado por segunda vez por miembros del destacamento que hoy es allanado. Los restos de Facundo fueron encontrados meses después en el cangrejal cerca de Bahía Blanca.

“Estamos en la entrada de Teniente Origone esperando las medidas de allanamiento al destacamento policial, lo dispuso y autorizó el juez Federal Walter López Da Silva porque la jueza (Marrón) se tomó licencia”, señaló a la agencia Télam Leandro Aparicio, uno de los abogados de Cristina Castro. En ese sentido, el letrado dijo que en el lugar, además, se encuentra Cristina Castro, la madre de Facundo, la perito forense Virginia Creimer, y la abogada de la Comisión Provincial por la Memoria y querellante en la causa, Margarita Jarque.

Además del allanamiento, los camaristas además autorizaron el secuestro de los teléfonos, tanto personales como oficiales, de los efectivos que tuvieron contacto con el joven antes de su desaparición, según informó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

La mamá de Facundo cree en la responsabilidad de los policías. Según la autopsia, el joven sufrió una muerte por asfixia por sumersión. Durante la investigación cuando aún no se sabía nada del paradero del chico, en el destacamento de Origone, los perros adiestrados aportados por la querella hallaron en una zona abandonada un amuleto que pertenecía a Facundo. Una de las sospechas de la querella es que Facundo estuvo alojado en esa seccional policial tras ser identificado por policías en la ruta, cuando se dirigía hacia Bahía Blanca a ver a su novia.

El estado de la causa: un pedido de recusación a la jueza

Los fiscales Horacio Azzolin y Andrés Heim -titulares de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN)- recusaron a la jueza Marrón por considerar que perdió la imparcialidad que debe tener para llevar adelante la causa y solicitaron que se declare nula su decisión de ordenar de oficio una medida de prueba, ya que estos funcionarios judiciales entienden que se trata de una intromisión en sus facultades privativas.

Ese que según lo informado por el MPF, los funcionarios habían dispuesto en octubre pasado un estudio de mareas sobre el estuario donde fue hallado el cuerpo del joven, en el período comprendido entre el 30 de abril y el 12 de septiembre pasados.

A comienzos de mes el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y el Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (Cerzos) presentaron un informe, el cual para Azzolin y Heim tiene irregularidades formales, por lo que el viernes pasado encomendaron la realización de uno nuevo.

Ese mismo día, el IADO entregó otro documento, de características inusuales para los fiscales, ya que se trataba de un trabajo de campo realizado sin autorización de los investigadores ni control de las partes, y a su vez, sostenía una hipótesis y arribaba a conclusiones que no habían sido solicitadas.

Por su parte, el miércoles de la semana pasada la jueza Marrón ordenó al IADO otro estudio de campo sobre el estuario de Bahía Blanca, al considerar que era complementario de la autopsia que ella había pedido previamente, al tiempo que señaló que esa solicitud no implicaba reasumir la instrucción del caso.

Según el MPF, luego de que dispusiera la medida de prueba los fiscales consideraron lo dispuesto por la jueza como una intromisión a su independencia y solicitaron que se anule la decisión. Estos pedidos aun no fueron resueltos.