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La diputada bonaerense de Juntos por el Cambio, Noelia Ruiz presentó hoy un proyecto de ley para restringir la portación, tenencia y transporte del arma de dotación a la fuerza policial en los casos en que exista denuncia por violencia de género y/o violencia intrafamiliar.
En este caso, a diferencia de otras normativas, el proyecto contempla tanto la restricción preventiva como cuando el hecho está consumado, por medio de una medida cautelar.
A su vez, incluye en los casos de violencia, tanto a las agresiones físicas y psicológicas como a los abusos sexuales y las violaciones. También, considera la reincidencia de los efectivos y plantea restricciones parciales y totales de acuerdo a cada situación.
Dicha reglamentación fue implementada por Juntos por el Cambio a nivel nacional en 2019 enviando una ley al congreso nacional para su efectivo cumplimiento, “dando cuenta que para nosotros este tipo de agenda siempre fue una prioridad”, precisó la diputada Ruiz.
Y expresó: “En la Provincia de Buenos Aires se realizan casi el 60% del total de las denuncias. Implementar estas medidas es definitivamente urgente”, sentenció la legisladora bonaerense que ya en mayo de 2020 ante el alarmante incremento de casos de violencia de género, producto de la cuarentena, presentó un proyecto de ley que finalmente se convirtió en ley por unanimidad de la Cámara de diputados de la Provincia de Buenos Aires, para declarar la emergencia en violencia familiar, de género y diversidad y dotar al Estado de más recursos para que pueda abordar la problemática”.
“No me voy a cansar de trabajar para que no tengamos que lamentar ni una víctima más. Queremos estar vivas, queremos decidir sobre nuestros cuerpos, tomar decisiones en libertad, desarrollarnos y ser felices”, finalizó la diputada.
A su turno, la ex directora de políticas de género del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carolina Barone sostuvo: “En Argentina, 2 de cada 3 mujeres asesinadas son por razón de género. De esos femicidios 1 de cada 4 son arma de fuego y es la principal mecánica de muerte. A su vez, de esos femicidios con arma de fuego, el 25% es perpetrado por personal policial”.
Es por ello que las medidas concretas de restricción de arma de fuego para el victimario también pretene prever la de la víctima en caso de pertenecer a una institución policial, dijo Barone, y precisó: “En el Ministerio de Seguridad de la Nación, entre 2016 y 2019 tramitamos un total de 941 restricciones de Armas reglamentarias aumentando un 578% respecto del periodo anterior (entre 2012 y 2015: 172).”
La medida surge en medio del femicidio de Úrsula Bahillo, asesinada por su ex novio, un policía.
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