La Defensoría cuestionó puntos del Código de Convivencia que impulsa Garro en La Plata

Con un informe técnico pormenorizado en el que analizó punto por punto la propuesta, el organismo que conduce Guido Lorenzino le presentó este estudio a la presidenta del cuerpo legislativo local, Ileana Cid, para buscar aportar a la redacción de un proyecto normativo que contemple los estándares de justicia restaurativa, y de promoción y protección de los derechos humanos.

En primer lugar, la Defensoría del Pueblo bonaerense observó que el anteproyecto configura “un modelo de intervención estatal verticalista y eminentemente punitivo”, por lo que recomendó la promoción de lineamientos propios de una justicia restaurativa, orientada al fortalecimiento de los lazos comunitarios, a la reparación de los daños, y a garantizar la no repetición de acciones, hechos, o situaciones dañosas.

“Es imperioso pensar un Código de Convivencia que prevea el diálogo, la participación ciudadana, y la posibilidad de gestar una pedagogía restaurativa para la resolución de conflictos”, expresó Lorenzino.

En esa línea, la Defensoría vio con preocupación la recurrencia, remisión y persistencia del arresto en la iniciativa. Por lo tanto, pidió que se lo tenga en cuenta como último recurso luego de agotadas las sanciones previstas, como las multas o amonestaciones, pero que se contemple también la asistencia a cursos, talleres, procesos de solución alternativa de conflictos, etc.

“Debemos ir hacia la erradicación de los arrestos en las dependencias policiales. Estas sanciones van en contra de la Constitución nacional y son una medida regresiva y contraria a los estándares construidos en materia de promoción y protección de los derechos humanos”, agregó el Defensor del Pueblo.

Entre otros de los puntos observados, la Defensoría hizo mención a la necesidad de incorporar, en forma expresa, la consagración del principio de igualdad y no discriminación, con la garantía normativa de que no se practicarán injerencias estatales y/o intervenciones basadas en distinciones de raza, color, sexo-genéricas, idioma, religión, opiniones, origen nacional, étnico, discapacidad, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición.

También, que el Código tenga en cuenta a las personas no humanas sintientes, y a la naturaleza como sujetos de derecho, lo que permitirá colocarse a la vanguardia en lo que concierne a la no especialización de las violencias y la defensa del medioambiente.

Por otro lado, el organismo puso la lupa sobre una serie de artículos que podrían dar lugar a la persecución local de activistas, líderes y/o referentes de organizaciones, por lo que reclamó incluir estándares que garanticen el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta y a reclamar a las autoridades.

A su vez, cuestionó diferentes postulados que podrían llevar a la injerencia indebida en las vidas y actividades de los recicladores urbanos, de las personas que ejercen la prostitución, y pidió que el autocultivo y/o el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados no puedan ser objeto de persecución local ni injerencias por parte del Estado.

“Estas son algunas de las observaciones que realizamos en base a los principios rectores en materia de promoción y protección de los derechos humanos, y la experiencia de gestión, intervención y tramitación de casos recogida en los diez años de existencia de la Defensoría”, indicó Lorenzino.