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Luego de la denuncia del vicepresidente 1⁰ de la CAME, la Inspección General de Justicia argentina (IGJ) suspendió esta tarde la realización de la Asamblea General Ordinaria de esa institución en la que la actual conducción pretendía designar autoridades sin mostrar balances y memorias de 2019 como exige el Estatuto Social de la CAME.
Según informaron, la IGJ encontró irregularidades en el manejo del acto eleccionario para la renovación de autoridades de la CAME y sancionó con apercibimiento a su presidente, Gerardo Díaz Beltrán. Sucede que Díaz Beltrán no permitió la oficialización de otras listas distintas a las suyas y pretendía renovar su mandato el próximo viernes 2 de octubre.
El Inspector General de Justicia, Ricardo Nissen, ya había suspendido una reunión de Consejo Directivo de CAME del día 27 de agosto pasado por negarle documentos pedidos por Navarro en mayo pasado tales como el presupuesto 2020, los balances de 2017 a 2019 y el detalle de inversiones que hizo la entidad en 2019.
El conflicto en CAME se ha agrandado. Según distintas fuentes, todo comenzó a principios de agosto último cuando un integrante de CAME llamado Pedro Salas pidió a la IGJ que intervenga ante una supuesta millonaria malversación de fondos. El dirigente que preside la Sociedad Rural cordobesa pidió investigar la administración, distribución irregular y desvío de fondos del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) por más de 353 millones de pesos. El INACAP, creado en 1975 y financiado por la contribución patronal obligatoria, brinda desde 2008 y a través de CAME, capacitación a trabajadores y empleadores.
Ante la primera denuncia, la IGJ intervino en el conflicto. Fue entonces cuando designó a dos inspectores fiscalizadores o veedores para analizar la situación de supuesto manejo irregular de fondos en esa entidad. Ellos son los doctores Martín Blanco y Ana Castagnino.
Luego, acaeció una segunda denuncia. En este caso presentada por el vicepresidente primero de la CAME, Diego Navarro, por violación al derecho a la información.
CAME está formada por casi 1500 federaciones o cámaras y más de 600 mil empresas.
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