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El proyecto de resolución solicita reconocer a los jardines de primera infancia y a todas las Instituciones -de gestión estatal, privada, cooperativa y social- que realizan tareas educativas y de cuidado de niñas y niños entre los 45 días y los 5 años, como un sector fundamental de la economía del cuidado dentro del sistema educativo provincial, que debe ser especialmente protegido en el actual contexto de pandemia.
La inusitada crisis económica y social que atraviesa nuestro país y, en particular, nuestra provincia, ha golpeado con mucha fuerza a las instituciones de educación inicial, especialmente a las de gestión privada, cooperativa y social.
Según lo informado por la Junta Nacional de Educación Privada (JUNEP), que reúne a 15 provincias de todo el país, al 5 de julio de 2020 se registró el cierre de 146 jardines maternales y de infantes de los cuales 12, corresponden a establecimientos que estaban radicados en la Provincia de Buenos Aires.
De todo el universo conformado por las instituciones educativas de gestión privada en el país, los maternales y jardines de infantes son los que hoy están en la peor situación.
A diferencia de los colegios que además del nivel inicial cuentan con primario y secundario, los maternales sufrieron una baja en la matrícula que en algunos casos llegó a más del 90%, y sin familias que paguen la cuota todos los meses, solventar los sueldos de los maestros y el resto de los gastos que supone mantener una escuela como impuestos, seguros, servicios y alquiler, se hace insostenible.
La diputada provincial Noelia Ruiz destacó: “Cada jardín que cierra significa niños perjudicados en su regreso a clase, y a su vez, cada niño que no vuelve a clases, implica que una mujer se va a tener que quedar en el hogar haciendo las tareas de cuidado. Por lo tanto, una vez más, excluida del mercado laboral y de sus posibilidades de desarrollo”.
En nuestro país, la educación inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad inclusive, siendo obligatorios los dos (2) últimos años. El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de universalizar los servicios educativos para los/as niños/as de tres (3) años de edad, priorizando la atención educativa de los sectores menos favorecidos de la población (Cfr. artículos 18 y 19 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, sustituido por art. 3° y 4° de la Ley N° 27.045 - B.O. 07/01/2015).
El proyecto fue acompañado por las diputadas y diputados, Emiliano Balbín, Sergio Siciliano, Verónica Barbieri, Johanna Panebianco, Susana Lázzari, Mauricio Vivani, Adrián Urreli, Laura Aprile, Diego Rovella, Juan Carrara, Andrea Bosco, Valentín Miranda, Néstor Résico, Gustavo Velez y Carolina Barros Schelotto.
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