Fiscal planteó que las excarcelaciones “son arbitrarias” y presentó un recurso ante la Corte

El fiscal de Casación bonaerese, Carlos Altuve, presentó ante la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, un recurso de queja por considerar que el otorgamiento de prisiones domiciliarias a internos de diferentes unidades penitenciarias de la Provincia son “arbitrarias” y “violan los derechos de la víctima”.

Altuve ya había cuestionado el fallo del juez de Casación, Víctor Violini, que permitió una serie de prisiones domiciliarias a aquellos internos que formaran parte del grupo de riesgo por Coronavirus y que no hubieren cometido delitos graves.

El fiscal de casación ya había apelado ante la Cámara de Casación provincial la decisión de Violini de habilitar el habeas corpus, pero el camarista Ricardo Borinsky rechazó el recurso y les ordenó a los jueces y tribunales inferiores que cumplieran la orden de las liberaciones.

De este modo, el fiscal de Casación recurrió a la Corte bonaerense declarándose en contra del otorgamiento de tales prisiones domicialiarias.

Según describió DIB, Altuve sostuvo: “No es mi objetivo alzar una barrera que obstaculice la toma de las medidas urgentes, esenciales e imprescindibles para resguardar la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Sin embargo, considero que tales medidas no deben ser tomadas con afectación a la distribución de competencias constitucionales y legales, ni mediante la vulneración de las leyes que ordenan el funcionamiento de la administración de justicia penal. Tampoco deben tomarse medidas que desconozcan abiertamente la letra expresa de la ley ni extraerse de la mera voluntad del juzgador”.

El fiscal consideró el fallo de Violini “de una extrema gravedad institucional, con una ostensible falta de argumentación”. En una resolución que se estableció el 17 de abril, esa resolución del 17 de abril, Violini dice que los presos que podrán acceder a ese beneficio deben ser mayores de 65 años, mujeres embarazadas, detenidos con enfermedades preexistentes y que estén involucrados en delitos leves, aunque no hay una aclaración específica sobre esos delitos permitidos.

Por lo tanto, la Fiscalia denunció “arbitrariedad por fundamentación aparente en la acción colectiva y la competencia originaria del Tribunal de Casación”, la “vulneración de la garantía del Juez Natural”, una “sentencia arbitraria” por argumentos aparentes, el “apartamiento notorio de la letra expresa de la ley” y la violación de los derechos de las víctimas.

Tras el pedido que  ingresó a la Corte, el máximo tribunal contará con dos instancias para atender al petitorio del fiscal. En primera instancia, deberá establecer si admite o no el recurso, por cuestiones de técnica jurídica. En la segunda instancia,  en el caso de admitirla, qué resuelve sobre la problemática de fondo.

Según fuentes judiciales, la Corte bonaerense haría lugar de inmediato a la “admisibilidad” del caso. Aún así, el “fondo” de la cuestión quedaría dispuesto para más adelante.