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A raíz del aislamiento social y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional hace más de un mes y por ende la paralización de diversos sectores, alrededor de 300.000 trabajadores han sufrido un recorte de sus ingresos salariales.
Si bien la mayoría de las reducciones salariales fueron en el marco de acuerdos entre gremios y empresas, lo cierto es que el poder de compra salarial profundizó su caída, luego de una pérdida del 15% durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri.
Según un informe del Centro de Política Económica Argentina (CEPA) en los primeros 30 días de cuarentena se computan 3.070 casos de atrasos de pago, 54.030 reducciones salariales de hecho, 8.480 casos de suspensiones con reducción salarial, y 231.483 casos de reducciones salariales acordadas con el gremio. “En este último segmento, se destaca el caso de los metalúrgicos, que acordaron que no haya despidos a cambio de cobrar el 70% de los salarios, que representan unos 126.000 casos a los que se suma el acuerdo de los petroleros, que alcanza a unos 64.500 casos”, dice el estudio.
Para las empresas, estas suspensiones con reducción salarial tienen una ventaja adicional porque el salario complementario del 50% que pagará Anses y que recibirán los trabajadores del sector privado que se encuentren en crisis por el coronavirus se aplica sobre los sueldos de febrero. En consecuencia ese 50% es muy superior, del orden del 70%, sobre los sueldos pactados con reducción salarial.
Por el DNU N° 376, ese salario complementario no podrá ser inferior a un salario mínimo, vital y móvil $ 16.875) ni superar dos salarios mínimos, vitales y móviles ($ 33.750), o al total del salario neto correspondiente a ese mes.
Respecto de la metodología utilizada para el relevamiento, CEPA aclara que “se trata de aquellos casos que han cobrado estado público, por lo que es posible omitir situaciones que ocurren en el mundo informal –con empresas sin registración, unipersonales o familiares- y en aquellos casos donde la ausencia sindical o ausencia de cobertura periodística ha impedido dar a conocer las rupturas contractuales o perdidas salariales”.
El estudio marca además que si se analizan despidos y suspensiones del sector privado, se observa que la amplia mayoría (58%) corresponden al sector servicios, seguido por construcción (19%), industria (14%), comercio (5%) y sector primario (4%).
“En el mismo sentido, si se consideran los casos de riesgo salarial es también la industria la que comanda, con 79% de los casos (el peso del acuerdo de la UOM y petroleros es significativo), seguido por comercio (11%), servicios (5%) y el sector primario (se concentran en minería, 4%)”, destaca.
Al observar el impacto por sector de actividad, se observa que en comercio, no se percibe un incremento sensible de despidos, y prevalecen los casos de reducciones salariales. La construcción, entretanto, encabeza el podio de despidos por sector, comandados por el caso de Techint.
Con información de la Agencia DIB
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