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Jorge D´Onofrio, diputado bonaerense referente del Frente Renovador en el Frente de Todos, expresó que el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, enviará una Ley de Puertos a la Legislatura bonaerense, luego de que Juntos por el Cambio lograra modificar en la Ley Impositiva las alícuotas que la actividad portuaria tributa a la Provincia.
D´Onofrio declaró al portal Diputados Bonaerenses que el titular del Ejecutivo “está empezando a revisar quiénes son y se creen dueños de la provincia” y que también “está por presentar una nueva Ley de Puertos, para evitar los enormes niveles de evasión que hay en la actualidad”.
A su vez, destacó que las modificaciones introducidas por Cambiemos en el Senado cuando se discutió la Ley Impositiva 2020 y -según su visión- fueron para “beneficiar a los cableoperadores, cerealeras y grandes dueños de la tierra”. “Es como que defiendan que se ponga a Jack Sparrow a manejar la Aduana", ironizó el legislador massista.
Sobre este escenario, la idea de debatir una nueva Ley de Puertos, fue adelantada la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, a un día de la aprobación de la Ley Impositiva.
Dato no menor, las variaciones en la tasa extraordinaria fueron tres: por tonelada cargada, la alícuota fija se redujo de $93 a $46,50; por tonelada descargada de $273 a $139; y por cada mil kilos de mercadería removida durante el mes de $46 a $23.
Actualmente, la Provincia no cuenta con una norma actualizada y por eso es que García lanzó el primer atisbo para que la Legislatura redacte una ley acorde a los tiempos que corren. En 2017, el ex diputado Guillermo Castello presentó una iniciativa para regularlos pero las buenas intenciones no se concretaron.
"Los consorcios son entidades cuasi privadas y lo poco que tributan queda en manos del propio consorcio", dijo García. En concreto, el consorcio portuario es un ente público no estatal que administra el puerto y tiene independencia jurídica, financiera, administrativa y contable.
En la mesa del consorcio se sienta el sector privado, los sindicatos y los municipios, aunque en los hechos siempre se impone la decisión de las empresas. En ese sentido, la provincia designa un director que cuenta con escaso poder sobre lo que sucede.
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