Fondos millonarios, maniobras ocultas y un intendente desentendido: el nuevo escándalo que sacude a Chascomús

El intendente del municipio bonaerense de Chascomús, Javier Gaston, se encuentra nuevamente en el centro de la tormenta y es que en medio de la investigación por presunto fraude en el Consejo de Padres de la Escuela Municipal Nro. 1, concejales de la oposición cuestionaron el rol del intendente ante esta polémica. 

El conflicto se remonta semana atrás, cuando directivos de la escuela dieron a conocer a la comunidad un comunicado sobre un presunto ilícito del Consejo de Padres del establecimiento escolar.

“En el marco del balance de cierre del ciclo lectivo, integrantes del Consejo de Padres detectaron una irregularidad de extrema gravedad institucional y legal, vinculada a la sustracción y presunto cobro indebido de fondos pertenecientes a la cuenta administrada por dicho Consejo”, remarcó la nota de los directivos.

Y agregó: “Como medida institucional necesaria, y tras la evaluación de los hechos, el Presidente del Consejo de Padres fue destituido por unanimidad por las irregularidades detectadas e inconsistencias en su relato”.

Ante este hecho que sacude a Chascomús,, los concejales radicales Santiago Dos Santos, Cintia Ardohain y Maximiliano Donato presentaron una denuncia formal ante la Delegación Chascomús del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

El documento, ingresado oficialmente el 30 de marzo de 2026, solicita una auditoría especial y la intervención inmediata del organismo para investigar graves irregularidades financieras y la falta de rendición de cuentas en la Escuela Municipal Nro. 1 Juan Galo de Lavalle.

La presentación judicial pone el foco en una presunta malversación de fondos que alcanzaría, según estimaciones preliminares, la suma de $ 75.668.500,00.

Los ediles denuncian la existencia de una estructura administrativa que habría permitido el manejo de recursos públicos y privados por fuera de los circuitos legales de registro, específicamente el sistema RAFAM (Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal).

Según el escrito, se utilizó la identidad fiscal del Municipio (CUIT 30999267595) para operar una cuenta corriente en el Banco Provincia, lo que otorgaba a la Comuna la titularidad exclusiva y el control técnico de los movimientos, dejando a los padres y cooperadores sin herramientas de fiscalización directa como el acceso al home banking.

Uno de los puntos más sólidos de la denuncia cuestiona la postura del intendente Gastón, quien en presentaciones anteriores se habría declarado como particular damnificado, argumentando una “ajenidad” respecto al manejo de esos fondos.

Los concejales refutan esta posición citando el propio Reglamento Interno de la institución, el cual establece que el Consejo de Padres depende directamente del Intendente, quien tiene incluso la facultad de revocar sus decisiones mediante resolución fundada.

En este sentido, la denuncia sostiene que es jurídicamente imposible declararse un "espectador" ante la malversación de recursos cuando se ostenta la conducción política y la responsabilidad inalienable de vigilancia sobre el patrimonio que opera bajo el CUIT municipal.

Los ediles subrayan que, al ser el Municipio el titular legal de la identidad fiscal y de la cuenta bancaria, la responsabilidad sobre la custodia y fiscalización de esos activos recae de manera inalienable sobre el Intendente Municipal, el Contador, el Tesorero y los Apoderados Legales.

El conflicto también recoge antecedentes de una denuncia penal formulada por autoridades del Consejo de Padres, donde se advirtió que los fondos aportados por la comunidad educativa durante los ciclos lectivos 2024 y 2025 no habrían sido aplicados al objeto para el cual fueron percibidos.

El escrito advierte que, de confirmarse estas maniobras, los hechos podrían encuadrar en delitos previstos por el Código Penal de la Nación, tales como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta.

En su petitorio final, los concejales exigen que el Tribunal de Cuentas determine la responsabilidad administrativa, contable y patrimonial solidaria de todos los involucrados.

Asimismo, solicitan que se libre un oficio al Banco de la Provincia de Buenos Aires para identificar a los usuarios municipales con acceso a la plataforma BIP (Banca Internet Provincia), con el fin de constatar quiénes poseían la capacidad efectiva de control sobre la cuenta denunciada.

De cara a los próximos días, la investigación será responsabilidad del tribunal bonaerense y se espera por el esclarecimiento del destino de los más de 75 millones de pesos.