31 mar 2026
El exsecretario de Turismo del municipio bonaerense de Pinamar, Lucas Ventoso, denunció al secretario de Gobierno, Francisco Martín Montes, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes, vinculados con la cesión de un predio municipal a un club local.
El eje del planteo gira en torno a la supuesta utilización de un espacio público con fines privados, en un esquema que, de confirmarse, podría derivar en responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales.
Según la denuncia, el conflicto se origina en la cesión de un predio municipal al Club Atlético San Vicente, que habría sido otorgado en comodato gratuito para fines sociales. Sin embargo, siempre de acuerdo al escrito presentado por Ventoso, ese espacio habría sido subalquilado para el funcionamiento de una escuela de fútbol arancelada.
El dato más sensible es quién aparece como beneficiario de esa explotación: no sería otro que el propio secretario de Gobierno. Ventoso sostiene que el funcionario habría percibido ingresos directos por la actividad, mediante el cobro de cuotas mensuales a los alumnos, incluso a través de transferencias electrónicas a cuentas personales.
“Hay 80 testigos citados”, afirmó el exfuncionario a Pinamar Diario, al tiempo que remarcó que existen comprobantes de pagos realizados vía plataformas digitales.
La gravedad del caso, según el denunciante, radica en que Montes habría estado “de los dos lados del mostrador”: como funcionario con poder de decisión sobre el uso del predio y, al mismo tiempo, como beneficiario económico del negocio.
“Esto se llama impunidad total. Yo pensé que no podía ser tan idiota y ladrón a la vez, y debo retractarme: sí puede ser”, disparó Ventoso en declaraciones que sacudieron el tablero político local
Además, uno de los puntos más cuestionados es que la propia Municipalidad habría promocionado la escuela desde sus canales oficiales, pese a tratarse de una actividad privada y arancelada, lo que refuerza la hipótesis de una confusión —o superposición— entre lo público y lo particular.
"Mientras desde el gobierno municipal hablan pestes del kircherismo, ellos son iguales, o peores, porque dicen ser el faro de moralidad nacional, y luego están tan sucios como los otros”, escribió Ventoso en sus redes.
Y prosiguió: “Algo muy importante para prestar atención: si el funcionario más cercano a Ibarguren se siente con la impunidad de hacer esta barbaridad, firmando contratos, y dejando los dedos marcados en todas partes, no quisiera imaginar lo que están negociado para cambiar nuestro Código Urbano".
El exsecretario no solo apuntó contra Montes, sino que también puso el foco en la responsabilidad política del intendente. En su presentación, solicitó que el HCD avance con una interpelación formal a ambos funcionarios y advirtió que, de comprobarse los hechos, los concejales tienen la obligación de impulsar una denuncia penal.
Mientras tanto, crecen las dudas sobre el rol del jefe comunal. Ventoso fue contundente al respecto: cuestionó cómo es posible que Ibarguren desconociera las maniobras de su “mano derecha”, con quien comparte la gestión cotidiana.
El escándalo irrumpe en un contexto ya adverso para la administración local. La gestión de Ibarguren acumula cuestionamientos por distintos frentes que van desde la economía municipal hasta la calidad de los servicios básicos.
Entre ellos, el caso de la extesorera municipal filmada llevándose dinero de la recaudación, un episodio que dejó serias dudas sobre los controles internos; el conflicto con los guardavidas en la previa de la temporada; y, más recientemente, el colapso cloacal en plena Ruta 11, que expuso falencias estructurales en la infraestructura sanitaria en el peor momento del verano.
Además de ello, se agrega a los constantes reclamos de la comunidad al intendente Ibarguren por la suba de tasas, la falta de infraestructura y el sistema sanitario.
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