Embargo millonario al Gobierno de Kicillof: la Justicia redobla presión hacia la gestión bonaerense

La pelea entre la Justicia y la administración de la Provincia de Buenos Aires sumó este miércoles otro capítulo de alto voltaje. El juez federal de La Plata, Alberto Recondo, le dio 24 horas al gobierno bonaerense para informar qué cuentas bancarias serán alcanzadas por el embargo de más de $157 mil millones, dispuesto en el marco de la causa por la contaminación cloacal que afecta a la capital provincial, a Berisso y Ensenada.

La medida apunta a garantizar el inicio de obras de saneamiento largamente demoradas. Según la resolución judicial, el dinero deberá quedar inmovilizado en una cuenta judicial hasta que la Provincia acredite el comienzo efectivo de la primera etapa del proyecto para tratar y disponer los líquidos cloacales que hoy terminan, sin procesamiento suficiente, en el sistema hídrico regional.

El expediente no es nuevo: se inició en 2020 y fue escalando con distintas cautelares a medida que avanzaron los informes técnicos. Uno de los puntos más sensibles de la causa es el impacto sobre la cuenca del Arroyo El Gato, un curso clave para la región, ya afectado por problemas estructurales de contaminación y riesgo hídrico. Incluso este año, la Provincia actualizó el mapa oficial de peligrosidad de esa cuenca.

Desde Gobernación rechazan el fallo y sostienen que la Provincia no puede afrontar sola obras de esta magnitud, históricamente vinculadas al financiamiento nacional. Ese argumento ganó peso después del recorte de programas de infraestructura y saneamiento impulsado por la administración de Javier Milei, que además avanzó en 2024 con la disolución del ENOHSA, un organismo clave para la ejecución de obras sanitarias.

La tensión escaló todavía más por el cruce entre Recondo y el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez. El funcionario cuestionó el alcance del embargo y advirtió que podría denunciar al magistrado ante el Consejo de la Magistratura, pero el juez respondió con una advertencia explícita para que se abstenga de formular “amenazas”, bajo apercibimiento de aplicar sanciones.

Detrás del choque judicial hay un problema concreto que golpea desde hace años a miles de vecinos de la región capital: efluentes sin tratar, contaminación del agua y obras que nunca terminan de arrancar. Por eso, más allá de la pulseada política y legal, el fallo mete presión sobre un tema que ya dejó de ser sólo administrativo: el saneamiento del sistema cloacal volvió a instalarse como una deuda ambiental y sanitaria imposible de seguir pateando.