4 mar 2024
Cómo resultado de una investigación que la Policía de la Ciudad inició en el último diciembre, fue desarticulada una banda que realizó al menos cinco estafas bancarias millonarias. Los imputados, integrantes de la comunidad gitana, utilizaban los documentos o tarjetas bancarias que las víctimas habían perdido o le habían sustraído.
"Este caso demuestra lo importante que es realizar las denuncias ante la policía, cuando ocurre un extravío o robo de documentación. El mismo trámite se debe hacer en las instituciones bancarias y empresas emisora de tarjetas, ante la pérdida o hurto de los plásticos para no ser víctima de algún tipo de estafa", aseguraron desde la Policía de la Ciudad.
En el mes de diciembre un hombre se presentó en dependencias de la Comisaría Vecinal 12 A, en el barrio de Villa Urquiza, y realizó una denuncia por los delitos de "estafa y usurpación de identidad".
Según consta en el expediente, el denunciante declaró que tiempo atrás había perdido una tarjeta de crédito y al tiempo le llegó una notificación sobre una deuda por un crédito UVA que le habían otorgado. De inmediato se presentó en la entidad bancaria para desconocer dicha deuda y le informaron que debía dinero por un crédito prendario.
En ese momento se anotició que desconocidos habían usurpado su identidad y solicitado un préstamo por 7.947.900 pesos, para la compra de un vehículo 0km en una concesionaria.
La causa quedó a cargo del Dr. José María Campagnoli, titular de la Fiscalía del Distrito Núñez-Saavedra, que dio la investigación a la División Fraudes Bancarios que depende del Departamento Delitos Económicos de la Policía de la Ciudad, que solicitó el levantamiento del secreto bancario con el aval de la Justicia.
Voceros de la investigación indicaron que durante las pesquisas se pudo determinar que el modus operandi de la organización criminal era usurpar identidades y para ello recurría a un mercado negro de datos.
"Los obtenían sobre todo de personas que habían extraviado algún tipo de documentación, luego sacaban créditos a su nombre y compraban los autos", detallaron las fuentes. "Cometieron al menos 5 o 6 estafas", agregaron.
A partir de estos avances los oficiales de la División Fraudes se presentaron en la concesionaria, ubicada en el barrio de Coghlan, donde se hizo la operación denunciada.
Allí corroboraron que un gestor identificado como Jorge, que luego se confirmó era integrante de la colectividad gitana, con un poder otorgado por un escribano que estaría involucrado en la estafa, había solicitado dos créditos.
"El sujeto requirió uno en favor del denunciante y otro a nombre de una mujer, residente en la provincia de Corrientes, que luego se comprobó también había perdido un documento", informaron fuentes con acceso a la causa.
Al recurrir los oficiales a los datos del Registro Nacional de la Propiedad Automotor (RNPA) figuraba que el auto adquirido a nombre del denunciante tenía emitida una tarjeta azul.
Una vez que el "gestor" recibió de la concesionaria el auto y el título de propiedad a nombre del estafado y en el que consigna la prenda, el sujeto acudió con el documento al Registro y gestionó la tarjeta azul para que un tercero lo pueda manejar.
A medida que avanzó la pesquisa, el personal de la División Fraudes llegó a otras concesionarias y en una de ellas se le informó que uno de los autos investigados estaba listo para la entrega.
Con la autorización judicial pertinente se recurrió a la División Análisis de Riesgo y Protección de la Policía de la Ciudad, para que horas antes que lo retiren del local, le coloquen un rastreador satelital al Fiat Cronos.
Cuando llegó el día y para darle mayor sinuosidad a la trazabilidad, el hombre que se llevó el auto, al igual que en la otra oportunidad, no fue el gestor. En la concesionaria se presentó un apoderado con un escrito de poder legítimo.
"El sujeto se llevó el Cronos y a continuación, a bordo del vehículo, realizó un recorrido por momentos deambulatorio destinado a evitar un posible seguimiento", destacaron fuentes policiales. "Sin embargo no pudo evadir el operativo del que participaron siete brigadas de la División Fraude, en todo momento el vehículo estuvo a la vista de los efectivos", aseguraron los informantes.
En su derrotero el Cronos pasó por Juan B. Justo y Warnes, donde se le hizo un polarizado de vidrios. Desde allí se dirigió a tres domicilios ubicados en Villa General Mitre, Villa del Parque y Villa Devoto, que luego se comprobó eran de otros miembros de la colectividad gitana.
Con la autorización judicial se hicieron escuchas telefónicas y con ellas se evidenció que los participantes de la maniobra fraudulenta eran integrantes de la citada colectividad y se comunicaban en lengua romaní.
El recorrido del Cronos, a pedido del juez que interviene en la causa, acabó en la bajada de la calle Santa Rosa, en el Acceso Oeste, a la altura de la localidad de Castelar.
Allí fue detenido el hombre, de 43 años, que retiró el auto de la concesionaria, y se procedió al secuestro del vehículo y de dos teléfonos celulares.
A partir de la información que surgieron de las escuchas y de los domicilios que visitó el sujeto seguido, además del resultado de otras tareas investigativas, la Dra. Paula González, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 40, ordenó cinco allanamientos, tres en las viviendas citadas y otros dos en la localidad de Merlo y la ciudad de Campana.
En dos de los procedimientos hubo resultado positivo: "se incautó documentación que estaba oculta y pertenecería a cinco autos que habrían sido adquiridos mediante estafas similares a la investigada", indicaron voceros policiales.
Parte de los documentos y cinco llaves de autos, también un VW Bora y tres teléfonos celulares, fueron secuestrados en una finca ubicada en Adolfo Carranza al 2900, en Villa del Parque. Otra documentación fue decomisada en la calle Navarro al 5100, en Villa Devoto, donde también incautaron otros tres aparatos de telefonía.
Hasta el momento la causa tiene un solo detenido, el sujeto que retiró el Cronos, y están imputados otros tres hombres de la colectividad gitana, entre ellos el “gestor Jorge”. El escribano que firmaba los poderes también quedó vinculado a la causa.
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