La Provincia le impuso una multa millonaria a Rappi por cobrar una “tarifa de servicio”

En las últimas horas, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, impuso una multa de 59 millones de pesos a la empresa Rappi y le ordenó además la devolución del dinero cobrado en concepto de “tarifa de servicio” a los usuarios bonaerenses.

La empresa repartidora comenzó a cobrar un extra denominado “tarifa de servicio”, que no se informa con antelación por lo que el consumidor se entera en el momento del pago. Este adicional fue realizado para aumentar las ganancias a costas de trasladar gastos y costos operativos de la propia plataforma a los usuarios.

En ese marco, la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios le pidió a Rappi que modifique su conducta y se le ordenó cesar el cobro y suprimir el concepto “tarifa de servicio”. Sin embargo, la empresa se negó a modificar su accionar.

Asimismo, la Provincia ordenó a Rappi que arbitre los mecanismos adecuados para reintegrar a los consumidores bonaerenses los montos abonados por este concepto, que fue incluido en enero de 2022 y que hasta marzo de 2023 ya ascendía aproximadamente a 13 millones de pesos.

“No es en absoluto una actitud anti-empresa, sino al contrario, se le dio a la empresa la posibilidad de corregir esa cláusula, pero decidió no corregirla y por eso llega la multa”, aseguró el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones provincial, Ariel Aguilar.

Cabe señalar que en el mes de marzo, el Estado provincial había imputado a las empresas “Rappi” y “PedidosYa” por presuntas prácticas abusivas detectadas por autoridades bonaerenses, a partir del cobro de cargos extra en los envíos, con apercibimiento de aplicarles multas por más de 400 millones de pesos.

En momentos de esa imputación, se había detectado que las empresas no brindaban información detallada y precisa respecto a cuál era el motivo o la composición de la “tarifa por servicio” que aplicaban a sus usuarios. De esta forma, ese cobro adicional resultaría una práctica abusiva por parte de las empresas, que aumentaba el precio de los productos y servicios y traslada a los consumidores los gastos propios de la actividad, que deben estar a cargo de las respectivas empresas.