La CPM vuelve a pedir que el jefe del Servico Peninteciario sea apartado de su cargo

La Comisión Provincial por la Memoria lleva adelante su pedido por la causa que investiga irregularidades millonarias en el servicio de catering del complejo penitenciario federal de Salta que habrían derivado en un “régimen de hambre” para los detenidos.

 Cuando en diciembre de 2015 la gestión de María Eugenia Vidal designó a Fernando Díaz como jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), la CPM manifestó rápidamente su preocupación: sus antecedentes en el mismo cargo cuando ocurrió la masacre de Magdalena, en 2005, no eran señal de que el periodo iniciado rompiera con el pasado sino, más bien, una marca de continuidad. Y su desempeño en el Servicio Penitenciario Federal durante los últimos años indicaba lo mismo.

 Según los fiscales, “la deficitaria situación alimentaria, crónica y extendida que se acreditó en el Complejo Penitenciario Federal NOA” tiene relación con un escenario “plagado de irregulares contrataciones millonarias, gestionadas por las autoridades penitenciarias”. Los directores de la firma proveedora, Servicios Integrales de Alimentación S.A., también serán indagados. Fernando Díaz está sospechado de participar de la maniobra delictiva por su rol de auditor general del SPF en ese momento, y debía controlarla: no solo no controló ni denunció sino que avaló las irregularidades delictivas en 40 expedientes de "legítimo abono". El legítimo abono es un régimen irregular y excepcionalísimo de contratación pública que no debió utilizarse en esas operaciones, por el que se pagó la suma de $ 42.799.317,87, mientras que se denunciaron también $ 1.957.725 de sobreprecio.

 Pero esta causa no es la única. La justicia federal investiga también operatorias similares en los complejos de Ezeiza, Devoto y Marcos Paz. Además de Fernando Díaz, está citado a indagatoria Emiliano Blanco, actual jefe del SPF que continuó en funciones luego del cambio de gestión y autoridades (lo fue también desde 2012 a 2015).