Tras la muerte de siete detenidos en la comisaría de Pergamino, la CPM responsabiliza al Estado provincial

“El colapso del sistema penal que vulnera sistemáticamente los derechos de las personas es evidente y exige un contundente cambio de rumbo. Hacen falta reformas institucionales urgentes: democratización de las fuerzas de seguridad, implementación de la policía judicial, creación del mecanismo provincial de prevención de la tortura, autonomía de la defensa pública y una reforma legal profunda que adecue la normativa procesal penal a los estándares de derechos humanos”, comunicaron desde el organismo.

En tanto la CPM exige a la autoridades provinciales, “asumir su responsabilidad, ordenar una investigación profunda de los hechos y clausurar, de forma inmediata, todos los calabozos de las comisarías de la Provincia. Estas muertes son muertes anunciadas. No son las primeras y se repetirán si no se adoptan medidas urgentes”.

Además agregaron: “Todas las personas detenidas están bajo custodia del estado. Esto quiere decir que la muerte de cualquiera de ellas es responsabilidad directa de las instituciones que las tienen a su cargo. Esto es lo que ha sucedido aquí, agravado aún más porque lo que condujo a este lamentable hecho es una situación de deterioro generalizado ya conocido por las autoridades”.

También sostuvieron que hace años presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el estado de hacinamiento y superpoblación y la práctica sistemática de la tortura en las comisarías bonaerenses. Y agregaron que “en diciembre de 2015 el nuevo gobierno provincial, a pocos días de asumir, declaró la emergencia penitenciaria y en materia de seguridad, una vez más la CPM volvió a advertir que lo que estaba realmente en emergencia en la provincia eran los derechos humanos. Algo similar había hecho el gobierno de Daniel Scioli un año antes y también los gobiernos que lo precedieron”.

En tanto finalizaron: “La CPM exige una urgente y profunda investigación de lo sucedido y advierte, una vez más, a las autoridades provinciales, a los funcionarios judiciales y a todos los sectores políticos que avalan estas políticas regresivas, que es indispensable repensar seriamente el rumbo que han tomado para revertir de manera urgente sus efectos. Nuestra sociedad se merece políticas de seguridad que respeten los derechos humanos de todas y todos”.